Una frontera terrestre es algo sencillo de definir: es la línea que delimita el territorio sobre el que un Estado ejerce la soberanía. En algunos casos es hasta visible: en un pueblo de la frontera belgo-holandesa hay una franja trazada en el suelo, contigua a la terraza de un café, que permite a los turistas fotografiarse con un pie en cada país.
Pero las cosas no son siempre tan sencillas como parecen. En la frontera terrestre que separa Ceuta y Melilla de Marruecos se producen extrañas anomalías bien conocidas por todos. El sistema de vallas que protege la frontera está erigido sobre territorio español; aún así, a efectos prácticos parecería una “tierra de nadie” (terra nullius, término del derecho internacional no aplicable a este caso) pues dejan de tener validez las convenciones sobre el derecho de asilo de las personas que hasta allí llegan, de las que España no se responsabiliza.
También la frontera marítima muestra anormalidades en ambas ciudades, porque la soberanía de un Estado se extiende desde la línea de costa hasta el límite de las aguas territoriales; sin embargo, ocurre que a veces el límite fronterizo se establece temporalmente en el lugar que sobre la playa ocupan los agentes de la autoridad. Parece como si se aboliera la soberanía sobre una franja de la arena y el mar territorial, puesto que se acepta que los inmigrantes que pisan la arena no están en territorio nacional y pueden ser expulsados sin más.
Aunque no nos sirva de consuelo, conviene saber que las anomalías fronterizas, si en España son chocantes e inexplicables en EE.UU. alcanzan límites de insospechada irregularidad, como escribe Todd Miller en su libro Border Patrol Nation: Dispatches from the Front Lines of Homeland Security (La nación de la Patrulla de Fronteras: Informes desde la vanguardia de la Seguridad Interior).
Las fronteras de EE.UU. no son líneas sino que se han redefinido como una franja de 100 millas (160 km) hacia el interior del territorio en todo el perímetro continental, incluyendo Alaska. La ACLU (siglas de American Civil Liberties Union: Unión para las libertades civiles en EE.UU.) denomina a esa franja: “Zona donde no rige la Constitución de EE.UU.” Puede consultarse el mapa en: https://www.aclu.org/know-your-rights-constitution-free-zone-map. No es un territorio insignificante, pues en él viven dos de cada tres estadounidenses (unos 200 millones) e incluye nueve de las diez mayores áreas metropolitanas del país. Cualquier ciudadano de Florida, Maine o Michigan es un ciudadano “fronterizo”, aunque viva en el interior del Estado en cuestión, y queda sometido a las irregularidades que implica tal condición.
Miller denuncia que los agentes de protección aduanera y fronteriza constituyen la mayor agencia de seguridad de EE.UU. y que, según informa ACLU, en la zona fronteriza que rodea al territorio nacional, cualquier persona puede ser interrogada y registrada “de modo habitual y sin existir ninguna sospecha de actuación irregular” en los puestos de control establecidos. Además, en una franja de hasta 25 millas (40 km) desde la frontera las patrullas fronterizas pueden entrar en las propiedades privadas sin mandamiento judicial. Las tres misiones del Departamento de Seguridad Interior -antidroga, inmigración y antiterrorismo- le proporcionan una especie de cheque en blanco que “ha cambiado la geografía del país”, como Priest y Arkin denunciaban en The Washington Post.
Hay que prestar atención al nuevo complejo “fronterizo-industrial” (remedo del militar-industrial que denunció Eisenhower) dado el auge desmedido de las empresas dedicadas a reforzar las fronteras y controlar a los ciudadanos. En la 8ª Feria de Seguridad Fronteriza recientemente celebrada en Phoenix (Arizona) se podían observar cactus falsos (para la frontera meridional) o tocones de coníferas (para la septentrional) en cuyo interior se instalan cámaras de vigilancia. “Podemos copiar todo lo que crece en la naturaleza”, afirmaba optimista el representante de TimberSpy (el espía de los troncos), y convertirlo en un instrumento de observación. Tampoco faltaban los drones miniaturizados, transportables en mochila para ser utilizados en cualquier momento y un gran surtido de aparatos que “le alucinarán”, según un periodista local.
El negocio se anuncia próspero. Se prevé que para 2020 el mercado de las cámaras de vigilancia se habrá triplicado hasta alcanzar unos ingresos de 40.000 millones de dólares. Ejemplo evidente es la frontera meridional con México, en cuyas 2000 millas (3200 km) hay instalados 12000 detectores de movimiento.
No está de más una observación final: los problemas fronterizos de España (en Ceuta y Melilla) y los de EE.UU. (sobre todo en la frontera mexicana) no son técnicamente los mismos pues las características de sus fronteras son muy distintas. Pero en ambos casos se aprecia un alarmante dislate moral: la preocupación de los Estados se concentra en la eficacia de los sistemas de protección y vigilancia a la vez que ignora a los seres humanos que intentan superarlos porque anhelan una vida mejor que la que les ha tocado en suerte. En los áridos desiertos de Arizona o Nuevo México, o sobre las cuchillas de las alambradas ceutíes o melillenses, los irrefrenables sueños de millones de desposeídos del mundo siempre superarán los más ingeniosos artefactos que el complejo fronterizo-industrial invente para seguir manteniéndolos en la miseria.
Fuente : Republica