El Consejo de Estado, el máximo tribunal de asuntos administrativos de Grecia, ha declarado inconstitucional los recortes salariales aplicados en 2012 a policías y militares en el marco de los programas de ajuste pactados con la troika.
Así lo afirman los medios griegos citando filtraciones del Consejo de Estado, que ya habría tomado una decisión respecto a este tema, aunque sólo se publicará de forma oficial en las próximas semanas.
Esta decisión podría suponer que policías, bomberos, militares, guardacostas y otros miembros de las fuerzas de seguridad recuperen sus salarios de antes del inicio de los recortes impulsados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional a cambio de los dos rescates financieros a Grecia.
Además, se les debería indemnizar por la parte salarial no pagada desde los recortes.
El proceso fue iniciado el pasado año por varias asociaciones profesionales de uniformados que denunciaron que los recortes impuestos por la troika al sector público, con efecto retroactivo, violan el principio de proporcionalidad y también el de igualdad al no repartir la carga de los ajustes entre toda la población.
También consideran violado el derecho a una remuneración justa contemplado en el artículo 4 de la Carta Social Europea.
Según el canal de televisión MEGA, la decisión habría sido tomada casi por unanimidad del pleno del Consejo, aunque por el momento se desconoce la argumentación de los jueces.
Además, se trata de una decisión contra la que no cabe recurso -a menos que se recurra al Tribunal de Estrasburgo– al ser el Consejo de Estado también el encargado de examinar la constitucionalidad de los procesos administrativos.
El Ministerio de Finanzas no ha querido comentar qué supondrá para las arcas griegas esta decisión judicial y el ministro de Reforma Administrativa, Kyriakos Mitsotakis, en declaraciones al canal Skaï ha recomendado «cautela» hasta que se publique oficialmente la decisión del Consejo de Estado.
En cambio, el polémico ministro de Sanidad, Adonis Yeoryiadis, ha criticado la decisión alegando que los recortes salariales son inevitables por el estado de las arcas del erario público.
«El problema de nuestro país no es de carácter legal. Cualquier medida cancelada por una decisión judicial, deberá ser automáticamente reemplaza por otra (nueva medida)», avisó en declaraciones al canal ANT1.
Fuente : Teinteresa