El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), organismo público encargado de la gestión de los inmuebles del ministerio de Defensa, ha aplicado este año el «apagón informativo» al número de desahucios a militares que realiza. Sí `vende´, en cambio, las ayudas sociales que da a los miembros del Ejército que tienen problemas económicos y no pueden hacer frente al pago de las casas que les deja el Gobierno.

En la Memoria explicativa de las actividades llevadas a cabo por el Invied en el año 2012 -página 61-, el organismo de Defensa asegura que «a lo largo de 2012 se han recuperado 63 viviendas como consecuencia de 23 desalojos voluntarios, 28 desalojos forzosos y 12 recuperaciones posesorias». Un párrafo antes, el Invied explica que «si no se atiende voluntariamente a los requerimientos, previa autorización judicial se procede al desalojo de los inquilinos que ocupan la vivienda indebidamente».

Un año después, en la Memoria explicativa del Invied del año 2013 -página 65-, Defensa relata de nuevo el número de viviendas recuperadas. «A lo largo de 2013 se han realizado 8 expedientes de recuperaciones posesorias, 39 de desalojos voluntarios y 13 de forzosos, recuperando de este modo 60 viviendas para poder ofertar al personal militar con derecho a prestación», explica.

Este tipo de actuaciones han continuado durante 2014 y también durante este mismo año, según se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), puesto que están obligados a publicarlo. Basta con mirar la edición del BOE de este mismo miércoles 2 de diciembre para comporbar que, en efecto, los desahucios y la petición de devolución de las ayudas continúan. Otro ejemplo, la orden de desahucio publicada el pasado 19 de noviembre, que da al inquilino un mes de plazo para desalojar la vivienda.

Apagón informativo

Sin embargo, nada de esto aparece ya en la Memoria explicativa del Invied del año 2014. En las 109 páginas que tiene el documento no aparecen ya las palabras «desalojo forzoso». En cambio, Defensa sí ‘vende’ la «atención a los usuarios» que ha realizado durante el ejercicio, que se traduce en reducciones del canon de alquiler para colectivos especialmente dañados por la crisis económica o la aceptación de la ampliación del uso de la vivienda durante un determinado plazo. Pese a todo, el número de estas ayudas es inferior en 2014 a los de 2012.

Defensa ‘esconde’ los desahucios justo en el momento en el que más rechazo social han generado

El Invied, que no ha respondido a la llamada ayer de este periódico, ha decidido no hacer público el número de desahucios que ha realizado justo en el momento en el que este tipo de actuaciones ha recibido el mayor de los rechazos por parte de la sociedad. Las numerosas movilizaciones de organizaciones ciudadanas en contra de los desahucios llevados a cabo por los bancos han coincidido con la ‘desaparición’ en los documentos públicos de Defensa de los desalojos forzosos a los militares o a sus familiares.

Es el caso de José Manuel Fernández, un vecino de 64 años de la calle Maudes de Madrid, y al que el Invied reclama algo más de 5.000 euros o que desaloje en el plazo de un mes la vivienda. Según ha contado él públicamente, en su misma situación se encuentran otros 143 vecinos y se han unido para pelear judicialmente por sus viviendas.

¿Qué dice la ley?

La norma que rige el uso de las viviendas militares por parte de los miembros del éjército es la ley 26/1999 de 9 de julio. El objetivo es facilitar una casa a los soldados por la obligada movilidad geográfica que existe en los ejércitos. Por eso existen las ayudas y el disfrute de las viviendas. Pero el problema viene cuando el militar que tiene derecho a esa casa fallece o no puede pagar el alquiler reducido que se les cobra.

En caso de fallecimiento, la ley dice que la casa queda para el conyuge, el descendiente si tiene una minusvalía mayor del 65% o si es menor de 25 años. A partir de esa edad tendría que abandonar la casa. Fuentes de los sindicatos de militares explican que «ahora mismo no hay problemas con esta cuestión. Nadie llama al sindicato quejándose de esto. La vivienda es de uso de los militares, y si deja de tener derecho a esa vivienda, pues lo lógico es que Defensa la recupere para que la pueda disfrutar otro militar que la necesite porque le han destinado a esa ciudad».

Un alto cargo del ministerio de Defensa en la etapa de la socialista Carme Chacón al frente del departamento insiste en este argumento. «La ley es clara y tenemos que cumplir la ley», asegura sobre los desahucios. La norma obliga, pero Defensa ha decidido ‘esconderlos’.

Fuente: Bez