Las compañías interesadas tienen 30 días, a partir de hoy, para presentar sus ofertas al concurso público

Después de cinco largos meses de espera, el Ministerio de Defensa publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria del concurso público para gestionar la fábrica de armas. Según recoge el pliego de condiciones, al que ha tenido acceso este diario, la Dirección General de Infraestructuras, responsable de otorgar la concesión, primará aquellas ofertas empresariales que propongan contratar en el primer año a un mayor número de trabajadores indefinidos, con el compromiso de mantenerlos en plantilla al menos tres años.

La empresa que resulte adjudicataria, sin embargo, no tiene obligación de contratar a ninguno de los antiguos empleados de la fábrica de armas, por lo que la selección de la nueva plantilla dependerá por completo de los criterios de la nueva compañía.

Las empresas interesadas en presentarse al concurso tienen un plazo de treinta días, a partir de hoy, para presentar sus propuestas. La duración de la concesión será de quince años, prorrogables por sucesivos periodos de cinco años, hasta un máximo de 75. La ganadora tendrá que pagar un canon anual de , al menos, 200.000 euros y abonar, desde un inicio, un aval mínimo de 550.000 euros. Este apartado fue uno de los que más preocupación despertaron entre los extrabajadores, que solicitaban al Ministerio que no impusiese unas cifras «abusivas» y que fuese «sensible» con el hecho de que la fábrica lleva cerrada diez meses.

De este poco más de medio millón de euros, 150.000 euros se corresponden con la garantía habitual que se exige a este tipo de proyectos, siendo el resultado de multiplicar el número de años de duración de la concesión por el 5% del canon anual que se pague. Los 400.000 restantes son la «garantía adicional» que impone el Ministerio «dadas las especiales circunstancias de la presente concesión, la naturaleza del inmueble, instalaciones y maquinaria» y que la empresa recuperaría una vez pague el canon del segundo y tercer año de actividad.

Tal y como ya había adelantado el Ministerio a los trabajadores, el pliego ratifica el compromiso de abrir la producción a la industria civil, «especialmente en el campo de la I+D y la innovación tecnológica», siendo siempre necesaria la autorización de Defensa.

El Ministerio exigirá también unos mínimos de solvencia a la compañías que se presenten, como que cuenten con un capital social de, al menos, 600.000 euros o que se pueda demostrar una mínima solvencia técnica «en base a la experiencia y actividad realizada en los sectores que propone su plan de negocio».

Para valorar cada una de las propuestas, la Dirección General de Infraestructuras repartirá un máximo de 100 puntos a cada oferta, dependiendo de la idoneidad de sus propuestas. De este modo, 30 puntos se corresponden con la creación de puestos de trabajo (pudiendo obtenerse el máximo de puntos si se garantizan 150 contratos indefinidos), 18 con actividades de interés para Defensa, 20 con la oferta económica y 32 con el plan de negocio, restando en este último apartado el hecho de contar con financiación extranjera. Si ninguna de las propuestas alcanzase los 16 puntos, la convocatoria podría quedar desierta, según se especifica en el pliego.

El Ministerio también deja claro que «no queda comprometido en forma alguna» ni a la financiación ni a la plantilla ni a la adquisición de ningún producto o programa que se realice en las instalaciones. Durante los últimos años, en los que la fábrica tenía limitada la producción al ámbito de la industria militar, en torno al 90% de los equipamientos que salían del complejo de Pedralonga tenían como único cliente al Ministerio de Defensa, según los datos manejados por los sindicatos.

El pliego también establece que en caso de incumplimiento de alguno de los compromisos fijados por la empresa solicitante, como el de no despedir a los empleados contratados en un periodo mínimo de tres años, la concesión podría ser anulada por Defensa.

En cuanto finalicen los treinta días que se dan de plazo para la presentación de la ofertas, se abrirá un período de otros quince para que el Ministerio analice las propuestas realizadas y decida, finalmente, un adjudicatario.

Fuente : Laopinioncoruna