DURA LEX SED LEX

PitarchEl independentismo catalán ha alcanzado esta tarde otro mojón de su hoja de ruta. La propuesta del parlamento autonómico para que las Cortes cedieran a la Generalidad la competencia para convocar, organizar y celebrar una consulta sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña, ha sido rechazada por 299 votos en contra frente a 47 a favor y una abstención. Ha sido un debate en el que tanto el presidente del gobierno, Sr. Rajoy, como el líder de los socialistas, Sr. Pérez Rubalcaba, han mostrado una gran altura política. Ha sido una pena que el presidente de la Generalidad, el Sr. Mas, no haya comparecido para defender directamente la proposición catalana como era, en mi opinión, su responsabilidad.

En todo caso, la votación del Congreso constituye un veto al proceso soberanista. Se suma a la sentencia del Tribunal Constitucional, del pasado 25 de marzo, que anuló por no-constitucional la declaración del parlamento autonómico según la cual el pueblo catalán “es sujeto político y jurídico soberano”. En definitiva, levantada la sesión, la situación se resume desde el punto de vista legal, en que en Cataluña ni hay soberanía propia, ni existe capacidad para convocar un referéndum de autodeterminación.
En tal escenario, en un estado de derecho, el contencioso como tal debería finalizar aquí. Sería el turno de la POLÍTICA para negociar lo que, dentro del marco legal vigente, pudiera ser negociable. Incluida la propia reforma de la Constitución y las leyes. Es de suponer que habrá movimientos debajo de la mesa para salir juntos hacia delante. El peligro es que eso no suceda así. El órdago del molt honorable dando fecha (9 de noviembre de este año) e incluso las preguntas para su referéndum, no deja ya, ni siquiera a él mismo, mucho margen de maniobra. Con la ley en la mano, seguramente solo le quedaría al Sr. Mas convocar inmediatamente elecciones anticipadas.
El President también podría tratar de seguir ganando tiempo para presionar más al Estado, impulsando la aprobación en el parlamento autonómico de una ley propia de consultas, que pudiera servirle como coartada de consumo interno para el mencionado referéndum. Ley que, previsiblemente, sería inmediatamente recurrida por el Gobierno y anulada por el Tribunal Constitucional. Y a partir de ahí habría dos opciones. La primera, sería la convocatoria de elecciones anticipadas (caso anteriormente mencionado), para antes del otoño, con eslogan “plebiscitario”. La segunda, la más dramática, sería que el Sr. Mas se atreviera a “entrar a mayores”, poniéndose la ley por montera, convocando el voceado referéndum del 9 de noviembre.
Seguramente esa convocatoria, a todas luces ilegal, no llegaría a materializarse. En cualquier caso, sería el escenario más arriesgado para el Sr. Mas. La mera convocatoria sería un acto profundamente antidemocrático. Porque, al contrario de lo que se afirma desde el independentismo, lo democrático no es votar. Lo democrático es votar respetando la ley. Fuera de la ley, el derecho que prevalece es el de la fuerza. Y, me temo que, forzando una votación ilegal, el independentismo perdería cualquier apoyo que potencialmente esperara de otras fuerzas políticas serias, nacionales o internacionales. Además, se trataría de un desigual pulso en el que, previsiblemente, la fuerza residual del independentismo quedaría arrollada por la superior fuerza del Estado. En esa deriva, es de suponer que el Sr. Mas, y alguno más, acabarían en el trullo. Duro decirlo, pero en un estado de derecho, en tal escenario, eso sería aplicar la ley: “Dura lex sed lex”.
Fuente : Pitarch