El derecho fundamental a la libertad de expresión de los militares

prohibido-hablarA propósito del arresto, por un mes y un día, del subteniente del Ejército de Tierra Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), conviene hacer una serie de consideraciones en relación con el derecho fundamental a la libertad de expresión en las Fuerzas Armadas.

El arresto de Bravo, que le supondrá la estancia, durante el periodo de arresto, en el establecimiento disciplinario militar de la base ‘San Pedro’, en Colmenar Viejo (Madrid), ha sido debido a las manifestaciones que realizó en julio de 2012 con relación a los recortes llevados a cabo por el Gobierno.

En sus declaraciones, el subteniente, en calidad de presidente de AUME (una de las asociaciones profesionales mayoritarias del ámbito castrense), apuntaba la posibilidad de recortar en gastos superfluos (festejos, celebración de aniversarios, actos públicos, etc.) para evitar recortes de otro tipo en las retribuciones de los militares.

Sus palabras, pronunciadas públicamente, y de las que se hicieron eco diversos medios de comunicación, han sido consideradas falta grave por la autoridad sancionadora, en virtud del artículo 8.18 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (que data del año 1998 y que se encuentra, actualmente, en proceso de revisión).

En dicho artículo se especifica que es falta grave «hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas» y «realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo».

¿Colisión normativa?

Sin embargo, la Ley Orgánica que regula los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y que es posterior al Régimen Disciplinario actualmente en vigor (fue aprobada en julio de 2011), no recoge las mismas limitaciones al ejercicio de este derecho fundamental, por lo que podría producirse una colisión normativa.

De hecho, la Ley de Derechos y Deberes establece, en su artículo 12.1, que «el militar tiene derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos».

En el apartado dos de este artículo se añade que el militar debe cumplir «el deber de neutralidad política y sindical» y que «no podrá pronunciarse públicamente ni efectuar propaganda a favor o en contra de los partidos políticos, asociaciones políticas, sindicatos, candidatos a elecciones para cargos públicos, referendos, consultas políticas o programas u opciones políticas».

Finalmente, en su apartado tercero, el artículo 12 establece que, «en los asuntos estrictamente relacionados con el servicio en las Fuerzas Armadas, los militares en el ejercicio de la libertad de expresión estarán sujetos a los límites derivados de la disciplina».

En el caso del subteniente Jorge Bravo, se ha aplicado la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario Militar, que regula las infracciones y sanciones disciplinarias que se pueden imponer a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Este hecho no deja de llamar la atención, habida cuenta de que esta ley (como todas las que existen en el ordenamiento jurídico español) tiene rango normativo inferior a la Constitución Española y en la Carta Magna no se limita el ejercicio fundamental a la libertad de expresión (recogido en el artículo 20) para ningún colectivo.

PSOE y AUME, en contra del arresto

El arresto del subteniente Bravo ha sido considerado «desproporcionado y excesivo» por parte del Partido Socialista, que, a través de un comunicado, ha anunciado que presentará en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al ministro de Defensa para que explique el porqué de esta sanción.

Para el Grupo Socialista, el hecho de que la sanción impuesta a Bravo esté recogida en el actual Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas no justifica que se le prive de libertad por hacer unas declaraciones en su condición de presidente de la AUME (asociación reconocida por la Ley de Derechos y Deberes, normativa aprobada en la anterior legislatura, bajo gobierno socialista) y siendo, además, miembro del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

La AUME, por su parte, considera que la decisión del arresto ha sido dictada por una autoridad sancionadora (el general de división jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Cuartel General del Ejército de Tierra) «incompetente para ello» y que se ha llevado a cabo un «uso arbitrario del derecho».

Por ello, AUME ha anunciado que su Junta Directiva se reunirá mañana en sesión extraordinaria, «para acordar las acciones e iniciativas que se pondrán en marcha para la mejor defensa de los derechos de su presidente, como persona y ciudadano, y los derechos de la propia asociación, ante un uso en preclara desviación de poder de la potestad disciplinaria».

Fuente : revistaatenea

Carmen D