La ONG Human Rights Watch (HRW) asegura, en un informe publicado este lunes, tener pruebas del uso de bombas de dispersión por parte de los yihadistas del Estado Islámico (IS). La organización localiza su empleo en las inmediaciones de la población kurdosiria de Kobani, al norte del país, el 12 de julio y el 14 de agosto pasados. Así, IS se convierte en el segundo actor, tras el gobierno de Bashar Asad, que dispara este tipo de armamento.
HRW basa sus revelaciones en muestras gráficas y declaraciones obtenidas de líderes kurdos y testigos de la ofensiva del IS, que desde hace unos tres meses asedia salvajemente a Kobani, un pueblo pegado a la frontera turca y ahora rodeado de suelo yihadista. Un alto cargo local asegura a los activistas de HRW que al menos cuatro combatientes de las Unidades Populares de Protección (YPG) -guerrilleros kurdos- y un menor de 11 años murieron en los ataques con munición de racimo.
Las autoridades de Kobani han tenido que emitir advertencias a la población sobre el peligro que suponen las bombas de dispersión. Se trata de una gran carcasa madre que, al abrirse, desgrana una cantidad determinada de pequeñas bombas que se esturrean por un área amplia. Estos sub explosivos pueden detonar en el momento de caer o posteriormente, y por su tamaño, un niño puede confundirlos por un juguete y manipularlos. El pequeño de Kobani murió un día después del ataque.
No se especifica el país de procedencia
Human Rights Watch no especifica el país de procedencia de las bombas de dispersión lanzadas por el IS. A partir de la lectura de la chatarra que dejó la bomba, indica que la munición de racimo se fabricó en 1992. Compara, por su forma, con otra hallada, el último abril, en las afueras de Damasco, esta de tipo ‘ZP-39’ y fabricada en 1993.
Consultadas por EL MUNDO, fuentes ejecutivas expertas de la empresa Servicios de Investigación en Armamento (ARES) detallan que, tal y como publicarán en próximos dosieres, la ‘ZP-39’ se corresponde con munición «probablemente, de fabricación china. Es posible que conseguida por el IS en arsenales del ejército sirio».
Tras confirmar que en las fechas de los ataques con armas de dispersión a Kobani no hubo bombardeos de la aviación damascena, teniendo en cuenta que no hay presencia de tropas oficialistas cerca de ese lugar y que las YPG no disponen de tamaño armamento, HRW concluye que sólo el IS pudo emplearlo. La ONG añade que, dado el tipo de estructura de la munición ‘ZP-39’, es improbable que esta se lance desde aparatos aéreos, no así desde tierra.
A finales de 2012, este periódico había comprobado, in situ, un caso de posible uso de munición de dispersión en la población de Harem, provincia norteña de Idlib. Toda la inscripción del artefacto era en cirílico, motivo por el cual los alzados, en cuya zona cayó la bomba, relacionaban su procedencia con Rusia. EL MUNDO no ha podido identificar independientemente al propietario de aquél elemento.
‘Cualquier uso merece condena’
HRW culpa también a Damasco de usar munición de racimo desde junio de 2012, a pesar de la condena internacional. Siria no es firmante de la Convención sobre la munición de racimo. Ratificada por 84 estados, su texto prohíbe estas armas en zona de combate y acuerda destruir, desde 2008 y en un plazo de diez años, todos los almacenamientos de bombas de dispersión.
Human Rights Watch detalla el último empleo de bombas de dispersión, por parte de los soldados de Asad, el 21 de agosto pasado en Manjib, provincia norteña de Alepo. De acuerdo a una organización de activistas con testigos presenciales, alrededor de seis civiles fueron asesinados y 40 resultaron heridos en la localidad, en manos del IS.
En un informe publicado a finales de la semana pasada, la Cluster Munition Monitor, una entidad internacional que rastrea el uso de armas de dispersión, contó 1.584 bajas por munición de rácimo en Siria en 2012 y 2013. El 97% de los muertos fueron civiles. «El año pasado, en Siria, hubo más bajas y sufrimiento civil por bombas de dispersión que en ningún otro lugar y tiempo registrado por nosotros», reconoció hace unos días Megan Burke, una investigadora en la materia para la organización Survivor Network Project.
«Cualquier uso de municiones de racimo merece condena, pero la mejor respuesta es que todos los países firmen el tratado para prohibirlas y trabajen conjuntamente para librar al mundo de estas armas», solicita Steve Goose, director de la división de armamento en Human Rights Watch y miembro de la Coalición para la Munición de Racimo (en siglas inglesas CMC).
Fuente : ElMundo