De forma recurrente, cada cierto tiempo aparece en los medios noticias referentes al conflicto del Sahara Occidental que ya lleva más 36 años sin solucionarse – España se fue del territorio en febrero de 1976 -. En esta ocasión ha sido a causa de las declaraciones efectuadas por el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, en un discurso pronunciado en la capital de Nigeria, Abuja, el pasado 28 de octubre.

Pedía que se dotara a la misión de la ONU en el Sahara Occidental (MINURSO) de la capacidad para supervisar los Derechos Humanos ante las sistemáticas violaciones producidas en el territorio saharaui, por parte de Marruecos. La respuesta de Marruecos fue llamar a consultas a su embajador en Argel. Esta situación ha reiniciado la ya vieja tensión entre Argelia y Marruecos, los dos rivales del Magreb.

Por otra parte, la semana pasada fueron asesinados dos periodistas franceses, Ghislaine Dupont y Claude Verlon, en la región de Kidal, al norte de Mali, después de haber entrevistado al líder tuareg, Ambeiry Ag Ghissa, del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA). Los indicios apuntan a que ha sido un acto terrorista.

En el primer caso, ambos países mantienen posiciones opuestas sobre el Sahara Occidental. Mientras que Marruecos pretende que el Sahara Occidental constituya una parte integrante de su territorio como región autónoma, Argelia, principal apoyo de la causa saharaui, es partidaria de un referéndum en el que se contemple la opción de la independencia.

El segundo caso denuncia que, aunque la operación Serval, liderada por Francia y llevada a cabo a principios de año, impidió la toma de Bamako por parte de los yihadistas, la estabilización del país sigue pendiente a pesar de los más de 3000 militares franceses desplegados en el país y cuyo número está previsto reducir antes de final de año.

Ambos acontecimientos son indicadores de que el escenario del Sahel, caracterizado por la extremada porosidad de sus fronteras, por las rivalidades estatales y por la letal actuación del terrorismo yihadista, entre otras cosas, sigue constituyendo un territorio inestable que, como señala la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional, afecta directamente a nuestro entorno estratégico de seguridad.

El Sahel constituye para España la frontera de seguridad avanzada. En esta región, nuestro país debe mantener una política proactiva que sepa compaginar el equilibrio geoestratégico argelino-marroquí para hacer frente a las verdaderas amenazas del terrorismo yihadista, el crimen organizado y el narcotráfico con nuestro interés geopolítico de aplicar lo expresado en la resolución 1754 del Consejo de Seguridad de la ONU que impulsa la autodeterminación del pueblo saharaui. Todo ello exige una auténtica Política de Estado. ¿Seremos capaces?.

Fuente: Atenea