El miércoles pasado, a las ocho de la tarde, ingresó en un establecimiento disciplinario militar de Colmenar Viejo el subteniente Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Entre esas cuatro paredes cumplirá un mes y un día de arresto. ¿El motivo? Haber declarado a los medios de comunicación que existen infinidad de gastos superfluos en el Ejército que se podrían recortar antes de suprimir la paga extra de los funcionarios.

¿Constituyen esas palabras una amenaza para la seguridad o la defensa nacional? ¿Desvelan un secreto de Estado? ¿Atacan la dignidad de las Fuerzas Armadas? Nada de eso. Son la constatación de algo evidente, una gigantesca obviedad que muchos denunciamos a diario. El haberlo hecho le costará a Jorge Bravo un mes y un día de su vida, por eso creo que quienes podemos difundir nuestras opiniones sin temor a represalias tenemos el deber de defender a quien se ve privado de libertad por decir eso mismo. Esa misma idea animó en 1961 a Peter Benenson -el abogado inglés que fundaría poco después Amnistía Internacional- a defender a los que denominó “presos de conciencia” y que definió así: “Cualquier persona a la que se impide físicamente (por prisión u otras causas) expresar (en cualquier forma de palabras o símbolos) cualquier opinión que mantiene honestamente y que no defiende ni justifica la violencia personal”. Según su definición, Jorge Bravo es un preso de conciencia. En España.

Porque lo que aquí se dirime no es el poder afirmar algo tan obvio como: “Existe un gasto superfluo que recortar antes de suprimir la paga”. Casi nadie querría pasar un mes preso a cambio de pronunciar esa frase, del mismo modo que casi nadie desearía ir a la cárcel sólo por sentarse un rato. Cuando Rosa Parks se negó a ceder el asiento a un blanco en un autobús urbano de Montgomery, al pelear por algo tan nimio ponía de manifiesto que era precisamente la libertad lo que estaba en juego. Esa era la naturaleza de su “no” y, mutatis mutandis, esa es la naturaleza del acto por el que Bravo ha sido represaliado. No ha filtrado documentos confidenciales, no ha desvelado una estrategia de seguridad nacional secreta, no ha quebrantado el deber de neutralidad política; ha dicho una obviedad relativa a sus condiciones de trabajo. El Ejército de Tierra ha comprendido a la perfección que es la libertad lo que está en juego. Por eso lo arrestan.

Naturalmente, los militares están obligados a la neutralidad política y sindical, y no gozan de una libertad de expresión plena. Tal como recoge la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (de 2011) está limitada en los casos “derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos”. No obstante, y ante todo, garantiza que “el militar tiene derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información”. Pero el Ejército de Tierra no ha aplicado esa ley de 2011, sino la de Régimen Disciplinario, del año 1998, que impide a los militares utilizar los medios de comunicación, sin importar el contenido de lo que digan. Han elegido aplicar esa ley obsoleta, porque se han dado cuenta que es la libertad lo que está en juego.

También han comprendido la necesidad de ahogar la protesta de los militares, cuyo malestar se asemeja mucho al de la mayoría de los ciudadanos. En un momento de aquella entrevista que ahora purga, a Jorge Bravo le preguntan si cuando se protesta menos, se consigue menos. Y contesta: “No tenemos aún el Consejo de Personal, entonces sólo nos cabe la reivindicación pura y dura o soltar, decir nuestras ideas prácticamente un poco al aire, como las estamos diciendo estos días”. Así lo entendió el Ejército y así ha sentenciado: que no les quede siquiera el decir sus ideas al aire. Aun al precio de abochornarnos como españoles porque el Estado tiene un preso de conciencia en el año 2013.

Fuente : elconfidencial