Malestar en el Ejército por las «falsas» acusaciones de AUME tras el arresto de Bravo

RosaDiez_UPyDLa cúpula del Ejército de Tierra, y compañeros de los militares que están destinados en el centro disciplinario militar de la base de San Pedro, en Colmenar Viejo (Madrid), donde cumple su arresto el subteniente Jorge Bravo, están «indignados» por las, a su juicio, «falsas e intolerables acusaciones» que la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), de la que Bravo es presidente, está vertiendo en los últimos días.

De hecho, el Ejército está estudiando salir al paso de estas acusaciones, porque considera que AUME está «tocando límites del todo inaceptables«. Según esta asociación, con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, a Bravo se le están aplicando, desde que ingresó en el centro disciplinario hace más de una semana, «unas sanciones similares a las de una condena penal«.

AUME explicó ayer, a través de un comunicado, que su presidente «no tiene acceso a internet, no puede hacer uso del teléfono móvil, no dispone de calefacción, y se le aplican registros personales sin autorización judicial, al margen del procedimiento establecido«.

Fuentes de Defensa consultadas por ATENEA niegan rotundamente que se le esté aplicando un régimen distinto al del resto de militares que cumplen sanciones en el centro. De hecho, el año pasado hubo 77 arrestados «y ninguno de ellos protestó«, aseguran estas fuentes, que añaden que estas medidas son las que rigen en el centro disciplinario, «y él lo sabe bien, porque es la tercera vez que ingresa» en el mismo.

«Las normas del centro prohíben, por ejemplo, que se lleven elementos que puedan causar daño o ser utilizados para autolesionarse; en cualquier caso, las normas son iguales para todos«, explican desde Defensa. «Es intolerable -insisten estas fuentes- que se hagan acusaciones falsas buscando publicidad, hasta el punto de que hay quien ya está calificando al centro como el Guantánamo español«.

Hasta ahora, Bravo ha recibido las visitas de las diputadas de UPyD Rosa Díez e Irene Lozano, y hoy acudirá al centro una representación de ‘Democracia Real Ya‘, asociación que considera que la sanción contra Bravo «vulnera el derecho asociacionista y el derecho fundamental a la libertad de expresión, al que todo ciudadano, vista de uniforme o no, tiene derecho«.

Tras su visita, Díez y Lozano dijeron que las condiciones en las que estaba Jorge Bravo eran «aberrantes» y que estaba siendo tratado «como un delincuente«. Defensa insiste en que todas estas acusaciones son «falsas» y considera que AUME «está sobrepasando todos los límites» y que está «montando un cirio impresionante» con el arresto de su presidente.

Fuente: Atenea