Sonia Alda: ¿Qué eficacia tienen las campañas de desrame en América Latina?

SoniaAldaEl informe presentado recientemente por el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas, en Brasil, es una buena oportunidad para reflexionar sobre la efectividad de las campañas voluntarias de desarme que en este país, como en otros vecinos, Venezuela, por ejemplo, llevan realizándose desde hace algún tiempo. En estas campañas se trata de convencer a la ciudadanía para que entregue sus armas a cambio de una compensación monetaria.
El tráfico de armas ligeras y su posesión, por parte de la población civil, es una preocupación que comparten todos los gobiernos de la región, afectados por este mercado. México acaba de hacer público que existen alrededor de 15 millones de armas entre la población civil, según ha denunciado en la Cámara de Diputados el partido Movimiento Ciudadano (MC), motivo por el cual dicho partido ha solicitado la aplicación a nivel nacional de un programa de desarme voluntario.

Gran parte de la violencia en América Latina se alimenta del comercio ilegal de armas ligeras, como lo ponen de manifiesto los datos estadísticos, de los últimos años. Según Small Arms Survey (SAS), la región presenta una de las tasas más altas de muertes por armas de fuego y una de las mayores concentraciones de armas en manos civiles. América Latina y el Caribe conforman «una zona muy vulnerable» al «tráfico irresponsable» de armas. De hecho, entre el 70 y el 90% de la violencia se genera mediante armas de fuego. Esta violencia es compleja y está asociada al crimen organizado, grupos pandilleros o delincuencia callejera, lo que ha favorecido un rentable e incontrolable mercado ilegal de armas que, por sus características, crece sometido a una perversa espiral. La sensación de inseguridad y desprotección ciudadana da lugar a que no sólo grupos y organizaciones ilegales, mundos a los que este negocio está íntimamente vinculado, sino que también acaban siendo clientes de este mercado los ciudadanos particulares o las empresas privadas que buscan alternativas de seguridad ante un Estado incapaz de garantizar la protección. Parece, por tanto, que éste es un mercado en auge, cuya rentabilidad crece cuanto mayor es el grado de inseguridad. Ante la percepción generalizada de desprotección, al final la demanda no sólo procede del agresor, sino también del agredido o de aquel que teme serlo. Toda esta dinámica genera finalmente un nivel de violencia creciente y endémica ante el que los estados de la región se muestran impotentes.
En relación a este problema, los datos que proporciona el informe brasileño citado aportan datos de interés. En Brasil, como intento de poner freno a esta espiral de violencia, desde 2003, se encuentra vigente el Estatuto del Desarme que prohíbe la tenencia de armas en manos de civiles y mediante el cual se han efectuado las diferentes campañas de desarme. Citando datos de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Crimen, el informe destacó que de diez homicidios por cada 100.000 habitantes en 1980, Brasil pasó a tener más de 22 homicidios por 100.000 habitantes, en 2003, año de la promulgación de la ley y desde entonces el número declinó a menos de 20 homicidios por 100.000 habitantes en 2010.

En el mismo período, la tenencia de armas pasó de 10, en 1980, a 17,5, en 2003, por cada 100.000 habitantes, cifra que se estabilizó a partir de ley sobre desarme. Con tales cifras, Brasil se situó como el sexto país más violento de Iberoamérica, superado por Honduras, El Salvador, Colombia, Guatemala y Venezuela, según el organismo de la ONU.

De acuerdo a los datos, si bien no hay ninguna duda que cualquier descenso en los índices de víctimas mortales es positivo y alentador, los resultados no son ciertamente espectaculares, máxime cuando no sabemos hasta qué punto este modesto y lento descenso de las víctimas ha sido consecuencia directa del Estatuto de 2003 y no han podido además intervenir otros factores.

Con estas observaciones no pretendo afirmar la inutilidad de estas campañas, toda política que contribuya al descenso de la violencia ha de practicarse, pero sus efectos serán inútiles o limitados, sino se abordan dentro de políticas integrales de seguridad. En otras palabras, mientras los delincuentes puedan disfrutar de las ventajas de la impunidad y los ciudadanos se sigan sintiendo desprotegidos, las campañas de desarme voluntarios no parece que vayan a tener un gran impacto.

El punto de partida ha de ser el análisis de las causas de esta violencia y proporcionar soluciones de carácter estructural. La aplicación de políticas preventivas y la reforma de las instituciones de seguridad, como las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia y el penitenciario son los medios más seguros para el control y descenso de la violencia. Si estas políticas y reformas se llevan a cabo, será posible reforzar las instituciones estatales de seguridad y su efectividad y como consecuencia comenzar a controlar los índices de violencia. El efecto de todo ello será el descenso de la impunidad para los delincuentes y la posibilidad de proporcionar seguridad a los ciudadanos. Es entonces, en este contexto, donde las campañas de desarme podrán proporcionar resultados más evidentes.

En otras palabras, mientras el delincuente pueda seguir delinquiendo impunemente y el ciudadano no tenga protección por parte del Estado, no parece que las campañas de desarme voluntario puedan proporcionar demasiados argumentos convincentes ni a los delincuentes, ni a los ciudadanos para que entreguen sus armas. Los resultados en este entorno de violencia y miedo proporcionarán resultados siempre limitados a estas campañas.
No obstante, no se trata de restarle importancia a estas iniciativas, sino de pensar en su mayor efectividad. Entre tanto que se logran políticas integrales y eficaces de seguridad no debe abandonarse ningún esfuerzo por intentar atajar el problema de la violencia, pero es preciso tener conciencia de que su eficacia siempre será limitada.

Fuente: Atenea