TODOS CONTRA LA DROGA

Pedro_pitarchEl pasado día 7 de abril, el Heraldo de Aragón daba la noticia de que el Tribunal Supremo había rebajado la sanción de separación del servicio impuesta a un soldado por consumo de droga. En su sentencia, el alto tribunal considera “desproporcionada” la decisión del ministro de defensa, y rebaja esa sanción a un año de suspensión de empleo. Por tanto, el militar en cuestión, si quiere, podrá reingresar en las FAS. No es la primera vez que el Supremo llega a la misma conclusión en otros casos de consumo de drogas en las FAS. Preocupa que lo esté haciendo cada vez con más frecuencia. Pero no seré yo quien arremeta contra el alto tribunal por ello. Ni quien apoye incumplir sus sentencias. Éstas deben ser acatadas incluso aunque se esté en profundo desacuerdo con ellas. Pero el tema de la lucha contra la droga me motiva especialmente. En su momento puse todo mi empeño como jefe de la Fuerza del Ejército en combatir el fenómeno de la droga en las unidades bajo mi mando. Tampoco vacilé al recomendar la aplicación, a los traficantes o consumidores de drogas, de todo el rigor y el peso de la ley .
Lo cierto es que en las FAS se llevan muchos años luchando contra la drogas (como en este blog abundan los lectores civiles, me detengo un momento en la explicación). El combate anti-droga se basa en controles periódicos (análisis de orina). Cuando una persona da positivo en un control, se presta una especial atención al sujeto. Si éste da positivo en tres controles en el plazo de dos años, lo que indica habitualidad, se inicia un expediente gubernativo, instruido por un oficial del cuerpo jurídico (al afectado se le debe haber informado de los resultados de cada uno de los análisis y de la posibilidad, a su elección, de que se realice un contra-análisis por el instituto de toxicología de la Defensa). Finalizado el expediente, la autoridad militar correspondiente lo eleva al JEME con su propuesta de sanción. El tema, después de debatido en el Consejo Superior del Ejército, se pasa al Ministro con la consecuente propuesta de sanción. El Ministro (con el asesoramiento de la asesoría jurídica general de la Defensa) decide finalmente. Es interesante saber que, a partir del segundo control positivo, el afectado deja de hacer servicios que impliquen el manejo de armamento, así como la conducción de vehículos. Por tanto, ni tiro, ni guardias, etc. Pero su paga permanece intocable. Cobra igual que si no tuviera limitación alguna para el trabajo.
Los aspectos formales en la lucha son muy importantes. Es imprescindible en materia tan grave que todo el proceso se desarrolle con la máxima pulcritud, y ajustándose al máximo en la corrección de los procedimientos. Y no solo porque así deba ser, sino también como cautela adicional para evitar el potencial progreso de defectos de forma, impugnaciones y recursos que lógicamente son garantías ineludibles en un estado de derecho. Y, sobre todo, para atajar actitudes de algunos de los de “dentro de la casa” que, quizás para evitarse un potencial revuelco de sus asesoramientos, pudieran, presuntamente, tratar de encauzar la decisión de la sanción final hacia cauces más suaves y tragables por instancias superiores. Pero disimular la gravedad del problema que la droga supone para las FAS no es de recibo. La disquisición entre droga dura y droga blanda, o el principio de proporcionalidad deberían, en mi humilde opinión, ser manejados en el combate anti-droga con mayor intransigencia de lo que, a veces, parece que algunos utilizan. En resumen, exigencia de rigor en la instrucción del expediente y en el respeto a los derechos del drogadicto, toda; margen de tolerancia en la aplicación, en su caso, de todo el peso de la ley, ninguno.
En el caso concreto que abre este post, parece cuanto menos insuficiente que, por ejemplo, el abogado del estado haya fundamentado la barricada defensiva de la sanción recurrida —según relata el diario mencionado—, sobre la “irreprochable conducta” que deben tener los militares, o el “desprestigio para el Ejército” que supone el consumo de droga por militares. No estoy en desacuerdo con esas razones —que tienen todo mi aval—. Pero esa no es la cuestión práctica principal. Ésta es que el oficio militar implica en muchos casos la realización de actividades de alto riesgo tanto individual como colectivo. Portar armas, disparar obuses, pilotar helicópteros, conducir carros de combate, etc, etc son meros ejemplos de ello. Conllevan riesgos no solo para quien opera, sino también para los que le rodean, compañeros y población civil. Y su prevención demanda, entre otros, el cuidadoso mantenimiento de los medios materiales y la elevada instrucción así como la plena aptitud psico-física de los que los manejan.
No podemos olvidar que, además, el que tiene la elevada responsabilidad de mandar, también ostenta la de fomentar, exigir y vigilar que aquéllo se cumpla en el ámbito de sus competencias. Aparte de lo que supone colaborar en la lucha de los poderes públicos contra la droga, de la exigencia de las plenas condiciones psico-físicas, más en concreto, nace el empeño de la guerra total contra la droga y el tráfico de estupefacientes en el seno de las FAS. Porque si no cuentas con soldados con moral elevada, bien instruidos técnicamente y en perfectas condiciones psico-físicas, simplemente no tienes soldados. Y, de ahí la conveniencia de expulsar de las FAS, de acuerdo con lo que la ley permite, a los consumidores de droga, particularmente si son habituales. Y a esta función deberían aplicarse con pleno rigor todos los poderes del estado.
Quizás no estaría de más que el legislativo (algunos de sus miembros me consta que acceden habitualmente a este blog) se planteara una responsabilidad que no suele mencionarse. Uno piensa en la responsabilidad implícita, pero no bien identificada, en la que incurrirían quienes con sus asesoramientos, sanciones o sentencias hubieran impedido la separación del servicio de algún militar, en el caso de que, bajo los efectos de la droga, provocara daños (incluso la muerte de sus compañeros en accidente de tráfico, por ejemplo) a las personas. Porque aquéllos también tendrían alguna responsabilidad en los luctuosos hechos. ¿O es que estoy muy equivocado?
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