El pasado 7 de mayo el Pleno del Congreso de los Diputados acordaba instar al Gobierno a la realización de un “Protocolo de actuación en relación con el acoso sexual, por razón de sexo y profesional, en las Fuerzas Armadas.

Aunque se trata de un paso importante, tendremos que esperar al texto para poder valorar su posible real alcance en función de las herramientas que se desarrollen para la efectiva protección de la persona implicada, en todos sus ámbitos: los profesionales y los personales (tanto físico como psicológico, familiares y de entorno social)

Tenemos que observar todas las cautelas, pues hay que tener en cuenta que esta propuesta surge con demasiadas prisas, previo debate vergonzoso en el Congreso (recordemos la actitud del Ministro de Defensa ante los diputados) tras una sentencia producida en el año 2012 y tras un acoso que se comenzó a producir en el año 2008 y fue denunciado en el año 2010. Nos estamos refiriendo a la denuncia efectuada por la entonces Capitán Zaida Cantera (hoy Comandante) contra el entonces Teniente coronel Isidro J. De Lezcano-Múgica (hoy Coronel) y a la sentencia condenatoria STMC. de 8 de marzo de 2012, sentencia que penó al citado Teniente coronel a dos años y diez meses de prisión y al abono, a la víctima, de 6.000 euros.

Por supuesto, estos hechos en sí mismos no han sido la causa de que ahora el Gobierno haya “despertado” y, poniéndose las pilas, comience a realizar ese tan necesitado, solicitado e incluso rechazado anteriormente, protocolo contra el acoso sexual y laboral en las Fuerzas Armadas. Ha sido sólo la atención de los medios de prensa lo que ha hecho moverse al Gobierno, sentando con ello (como ha ocurrido en muchas otras ocasiones en otros ámbitos) un precedente claro sobre cómo deben funcionar las instituciones y qué las hace funcionar. En este caso no ha sido, ni la razón, ni el derecho ni la propia situación de indignidad sufrida por una persona, ha sido el arrojo y la valentía de quién sufrió la terrible situación, haciendo público, mediante la prensa, y con la inestimable ayuda de la Diputada Irene Lozano (UPyD), la situación sufrida y la que después se produjo y que aún no ha sido liquidada en derecho.

Necesitado por los miembros de las Fuerzas Armadas, solicitado por asociaciones de militares y por la propia Comandante Cantera, y rechazado por el Partido Popular cuando hace apenas siete meses fue rechazada una Proposición No de Ley realizada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) en términos parecidos a los recientemente propuestos.

Mucha cautela, pues lo que hasta ahora podemos deducir es que se trata de una actuación del Gobierno por una presión mediática y personal de quién sufrió acoso y en contra de las intenciones del Partido Popular que eran, hace 7 meses, no llevar a cabo un Protocolo como el que estamos tratando.

Ahora estamos en un largo periodo electoral.

El Gobierno tiene ahora un mandato claro del Congreso de los Diputados y el protocolo tendrá que ver la luz. Y se han dado pautas para la confección del mismo: deberá servir para la prevención, la protección de la víctima, salvaguarda de la identidad de la víctima y de su carrera profesional, y para tomar medidas contra el infractor. Y más precisas: formación y sensibilización, apoyo, asistencia, protección de derechos, salvaguarda de la identidad, medidas de movilidad, evitación de represalias, actuaciones administrativas y de supervisión por órganos externos a la cadena de mando, entre otras.

No tenemos que olvidar que la situación de acoso a la Capitán Cantera fue doble. En una primera instancia fue un acoso sexual que ya provocó también un cierto acoso en el trabajo, y posteriormente, se trató de un acoso laboral. Si el primero produjo heridas profundas en la persona y también de tipo profesional, el segundo, sencillamente, acabó con su carrera profesional. Resultado: una vida hundida.

El protocolo que se diseñe tiene que estar enfocado a las dos facetas que se han puesto de manifiesto en todas las actuaciones que venimos conociendo. De entre las medidas que se adopten tendrán que tenerse en cuenta, también, la necesaria protección a los testigos en los procesos judiciales ya que estos muchas veces no tienen las suficientes garantías de que no van a sufrir represalias que afecten a su carrera o incluso a su continuación en la Fuerzas Armadas. Protección que tendría que ser extensiva a otras situaciones de acoso en otros procesos distintos al específico en el ámbito judicial. Estamos hablando de infinidad de situaciones donde la denuncia, como puesta en conocimiento de unos hechos contra la normativa, sin que se esté tratando de la denuncia de un delito, puede provocar reacciones adversas que afecten profesionalmente de forma negativa. Y ante la posibilidad de dicha “reacción” se evite por tanto la puesta en conocimiento de dicha situación, provocando con ello que se puedan mantener situaciones injustas e incluso contra derecho, sólo por el temor a poner en conocimiento las mismas.

El caso Zaida, la valentía demostrada por la Capitán Cantera, y el resultado obtenido en los tribunales, tienen que ser el punto de inflexión para invertir la situación mediante la toma de medidas, frente a la desprotección que tiene el posible denunciante, contra los efectos del peso de la jerarquía: temor y gran riesgo profesional, y todas las consecuencias que ello conlleva.

Jorge Bravo

Fuente : AUME