Una ley orgánica limitará los derechos fundamentales de los agentes secretos

MinistrasEl Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Estatuto del Personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que regula la carrera profesional de los espías españoles. La aprobación del Estatuto fue anunciada por la vicepresidenta y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia en el Congreso en enero de 2012, para explicar las líneas generales de su departamento, y estaba pendiente desde la entrada en vigor de la ley que creó el CNI, de 2002. De hecho, los espías españoles se regían todavía por un real decreto de julio de 1995, referido al Centro Superior de Información para la Defensa (Cesis), antecesor del CNI, que fue reformado en febrero de 2004, dos semanas antes de las elecciones generales que dieron la victoria al PSOE.

Entre las novedades del nuevo Estatuto destacan la regulación de la carrera profesional de los agentes y la creación del Consejo Asesor del Personal del CNI. Se trata de dos reformas impulsadas por el actuar director del centro de inteligencia, el general Félix Sanz, quien se comprometió cuando llegó al cargo, en julio de 2009, a reducir al mínimo la discrecionalidad en la promoción profesional y la asignación de destinos. De su lado, el Consejo Asesor es un órgano consultivo del general Sanz que canaliza las sugerencias de los agentes del centro aunque, a diferencia de sus homólogos de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, no es elegido democráticamente ni sirve de cauce de participación para las asociaciones profesionales.

El Estatuto dedica un capítulo al régimen disciplinario, pero no regula la limitación de los derechos fundamentales de los espías (libertad de expresión, reunión o manifestación). Esto se hará mediante una ley orgánica que desarrolle la disposición adicional de la ley de la Carrera Militar de 2009 que afecta al CNI. Uno de los aspectos más controvertidos del Estatuto todavía vigente era su pretensión de limitar derechos fundamentales mediante decreto.

Fuente: El País

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