Indignación por parte de la Asociación de Tropa y Marinería Española «ATME», debido a las últimas declaraciones y actuaciones del Ministerio de Defensa en temas tales como la reserva voluntaria y el nuevo Código Penal Militar.
Las declaraciones del Ministro de Defensa a principios de octubre provocaron una cierta preocupación en la Asociación de Tropa y Marinería «ATME».
En dichas declaraciones, consideraba que el número de efectivos que podrían tener como mínimo las Fuerzas Armadas, para garantizar la seguridad del país, rondaría entre los 110.000 y los 120.000, lo que implicaría unos 30.000 menos de los que disponen actualmente.
Aunque no se especificaba a qué escalas afectaría, nuestra Asociación temió que la Escala de Tropa y Marinería sería la más perjudicada.
Esta situación ha comenzado a hacerse patente con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2.014, en el que la plantilla de Tropa y Marinería se reduce de 80.000 a 79.000 efectivos.
Como paradoja, el 21 de octubre se autorizaron los cupos para el pase a la reserva con carácter voluntario para el personal de las Fuerzas Armadas, donde una vez más, no aparecen cupos para la Tropa y Marinería de carácter permanente.
Si la voluntad del Ministerio de Defensa es disminuir el número de Soldados y Marineros de manera progresiva, no es entendible su actitud para evitar adoptar primero una medida lógica; una medida como podría ser el establecimiento de cupos para el pase voluntario a la reserva del personal más veterano de nuestra Escala que cumpliera los requisitos establecidos.
Esta medida proporcionaría un doble beneficio: por un lado, se alcanzaría esa reducción de efectivos pretendida por Defensa, y por otro, conllevaría un aumento en las plazas para el acceso por concurso-oposición a la permanencia, con la estabilidad laboral que ello conllevaría para ese personal de carácter temporal.
Por otra parte, las declaraciones del Ministro de Defensa donde garantizaba que el próximo Código Penal Militar, será una reforma «para las Fuerzas Armadas del siglo XXI«, donde «La justicia debe imperar en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad«, frase recogida en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas de 1.978, hoy derogadas, siembra de inquietud a ATME, ya que este proyecto de Código Penal Militar, junto al Proyecto de Régimen Disciplinario, van a suponer la continuidad de los arrestos castigados por parte de mandos militares con privación de libertad, incluso por causas tan nimias como ir mal afeitado, llevar las botas sucias o que un superior interprete que se le ha contestado de manera improcedente. Estas sanciones no afectan solamente al interesado, sino que se extienden a su familia. ATME considera que las sanciones de privación de libertad deben ser, como para el resto de los ciudadanos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como consecuencia de un acto delictivo, juzgado y sancionado por un juez.
En otro orden de cosas, los datos que ATME maneja en cuanto a los sancionados por faltas graves revelan hechos significativos: el 96% de los sancionados pertenecen a la escala de son Tropa, el 4% a la de Suboficiales y el 0% a la de Oficiales.
Asimismo, el porcentaje del personal que recurre esta sanción es ínfimo, principalmente debido al alto importe económico que supone el contencioso-disciplinario y la necesidad de disponer de unos conocimientos legales suficientes.
Es por esto que, ATME, aboga para que todas las faltas, tanto leves como graves, sean sancionadas administrativamente, lo que implicaría, en el supuesto de que los recursos contra estas faltas fueran ganados, una restitución económica, cosa imposible con la aplicación de la sanción de pérdida de libertad o arresto.
A juicio de nuestra Asociación, lo que debería haber sido un cambio significativo de mentalidad, adaptándolo a unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales, no deja de ser, un cambio sin más, un cambio sin el debido calado que continuará perjudicando al personal de nuestra Escala.