El enorme revuelo mundial que han causado las denuncias del ex agente de inteligencia Edward Snowden sobre las actividades de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA), no solo ha repercutido con mucha fuerza en la región europea, sino que también se están notando lentamente en la región iberoamericana, la que ya fue golpeada por el propio Gobierno estadounidense a través de la escandalosa presión para evitar las escalas del vuelo del presidente boliviano Evo Morales. Situaciones que ponen en evidencia las prolongadas tensiones entre varios gobiernos de la región con el gobierno de la Casa Blanca y la permanencia de la mirada subalterna y hegemónica.
Hasta ahora, el país de nuestra región más afectado por las denuncias de este espionaje cibernético ha sido Brasil, que se complementa con los otros casos más sensibles, que han sido Rusia y China, tres de los países que conforman un espacio emergente a escala mundial y sobre los cuales están puestas las miradas geopolíticas de los actores del establishment norteamericano. Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, ha tenido que desmentir públicamente una publicación del diario O Globo que, citando como fuente informaciones provenientes del ex agente Snowden, afirmaba que, en la ciudad de Brasilia, se había instalado una base de espionaje estadounidense. Según el canciller brasilero, el embajador de Estados Unidos le habría asegurado que tal información era falsa.
Pero este, a su vez, reconocía que los servicios de espionaje de su país, sí habían registrado «metadatos» de comunicaciones telefónicas y cibernéticas de ciudadanos brasileros, pero que se habían realizado desde territorio estadounidense, lo que supondría que no existe ilegalidad al respecto.
Frente a esta delicada situación, desde la Presidencia se decidió constituir un grupo de trabajo articulado entre siete ministerios con el fin de ahondar en la información y proponer cursos de acción. En forma paralela, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones han iniciado su propio proceso de investigación.
El ministro de Defensa, Celso Amorín, reconoció que su país invierte muy poco en materias de seguridad cibernética, aseveró que tampoco ningún sistema de seguridad cibernética asegura un cien por ciento de porcentaje de seguridad y propone «una estrategia amplia de seguridad cibernética». Para el ministro, los mecanismos de seguridad pasan por: una tecnología enteramente nacional, por la formación de profesionales en ese área, adopción de medidas de carácter nacional, pero con énfasis en áreas estratégicas y más sensibles, y un servicio de inteligencia integrado.
Por su parte, el canciller argentino, Héctor Timerman, a nombre de su Gobierno ha pedido explicaciones perentorias al Gobierno estadounidense sobre el programa de espionaje que ha implementado en todo el mundo. La presidenta Cristina Fernández también ha sostenido esta postura y espera que la cumbre del Mercosur también tenga una postura clara y fuerte.
Los gobiernos de Chile, México y Colombia, considerados más afines ideológicamente al Gobierno estadounidense, también se sumaron en esta semana a las críticas por sus prácticas de espionaje en la región, exigiendo rápidas explicaciones en lo que consideran un acto violatorio del derecho a la intimidad de las personas y de las convenciones internacionales en materia de telecomunicaciones.
Tanto Colombia como México, que se suman a Brasil, eran considerados países prioritarios en las labores de espionaje de la NSA, pero éstas también estuvieron realizándose en Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
La información recogida estaba orientada no solo a temas militares, sino también a asuntos comerciales, que incluían específicamente áreas de petróleo y energía, focos altamente sensibles y prioritarios para nuestros países, pero también para Estados Unidos, pensando en las exigencias económicas y de desarrollo de sus estructuras productivas.
Todos los gobiernos de la región han coincidido en lo inconveniente y violatorio de derechos de esta práctica y, bajo distintas modalidades, han planteado que es hora de que Estados Unidos entregue respuestas convincentes para aclarar estas denuncias.
Todos sabemos que la práctica de la inteligencia es algo habitual en todos los estados, realizada a propósito de las definiciones de los respectivos intereses y objetivos nacionales. Pero que también se puede transformar en una actividad abusiva, que entra en contradicciones con usos y costumbres democráticas, como por ejemplo la libertad y privacidad individual, y que violenta las confianzas en el trabajo diplomático.
Desde esta perspectiva, no es baladí que nuestros países exijan explicaciones, condenen los hechos, que no acepten un giro en el debate y transfieran el problema central a la culpabilidad y búsqueda de asilo del ex agente Snowden, en vez de desenmascarar la trama completa del espionaje estadounidense.
También es un imperativo asumir las enseñanzas correspondientes de este caso. Así como lo han expresado las autoridades brasileras, nuestros países deben abordar con la máxima seriedad nuestras vulnerabilidades en el campo de la inteligencia cibernética, que afectan la protección de áreas e información estratégica, complotan con la cooperación eficaz entre socios contra amenazas y riesgos comunes, afectan la confianza entre estados y entre los propios estados y sus ciudadanos.
Las denuncias del ex agente estadounidense no solo desnudan una práctica del gobierno de su país, sino que también, por añadidura, plantea el problema global del espionaje que los estados realizan hacia su interior, las que se han visto amplificadas y profundizadas desde el inicio de la «guerra contra el terrorismo» en el gobierno de Bush, sumada a una larga y patética experiencia de gobiernos dictatoriales en nuestra región.
Este momento crítico hay que aprovecharlo en dos direcciones: por una parte se nos presenta la oportunidad de poner las labores de inteligencia como una variable de cooperación regional, orientada por nuestras necesidades, oportunidades y condiciones materiales y humanas. Por la otra, hacer más presente la exigencia ciudadana del control democrático de los gobiernos y sus estructuras nacionales de seguridad, en aras del efectivo cumplimiento de un bien común.
Fuente: Atenea