El nuevo texto penal castrense, que entrara en vigor el próximo 1 de enero de 2016, introduce una novedad en la lucha contra los denominados “delitos militares”. El tráfico de drogas en el que está incluido la venta, posesión y consumo, pasa a ser un delito que investiga la jurisdicción castrense. Un nuevo delito que incrementa las penas hasta siete meses más que si lo hiciera un civil en la calle.

Por eso, un militar sentenciado por tráfico de drogas en el cuartel pasara en la cárcel 3 años y 7 meses, cuando le apliquen la pena máxima. De todos modos, siempre tendrá un quinto de pena más que un “camello” de barrio.

Los jueces militares reconocen que era la herramienta que faltaba porque las cosas en los cuarteles han cambiado mucho desde 1985, el año en el entraba en vigor el anterior código penal castrense, texto que no incluía este tipo de delitos.

Desde la justicia militar, el magistrado Fernando Pignatelli, reconoce, en declaraciones a la SER, que se ha dado respuesta a una realidad social: que la droga está también en los recintos militares.

Y esto pone en riesgo la seguridad y la eficacia del cometido de las Fuerzas Armadas. Es más, los jueces togados sostienen que los militares van armados, pero además manejan una tecnología de primer nivel que puede peligrar ante “operadores” que permanecen bajo los efectos de las drogas.