
No causan problemas
La ocupación ilegal de estas viviendas, explica Tita Caravera, no ha causado hasta el momento grandes problemas de convivencia entre los moradores de estas viviendas, pendientes de derribo, y los vecinos del barrio. «Como mucho se producen algunos ruidos que, en caso de ir a más, se controlan porque alguien llama a la Policía», explica la presidenta vecinal, quien insiste en que su asociación «no va contra los ocupantes» del 73 de la calle Ezcurdia. «Nosotros nos vamos a poner en contacto con Servicios Sociales porque queremos que miren la situación en la que viven estas personas. No solo por la situación que pudiera presentar el edificio, al cual le falta sanitarios, cables, ventanas y puertas, sino por las necesidades que se pudieran estar pasando», señala Caravera, quien también puntualiza que, «a pesar de que algunas viviendas están llenas de porquería», otras de las habitadas presentan un estado «aceptable» dentro de lo que permite esta situación de abandono.
La preocupación aumenta por la edad de los nuevos inquilinos de este edificio. «En su mayoría son personas jóvenes, todos sin trabajo. Nos pidieron que mediásemos por ellos para que pudiesen tener luz y agua. Estarían dispuestos a pagar una renta por vivir allí, siempre que fuese baja ya que no tienen recursos para más», explica, aunque con pocas esperanzas ya que «el edificio fue adquirido con la intención de derribarlo y construir allí viviendas nuevas, algo que parece no concretarse por la crisis que atravesamos».
Se trata de una situación que viene dándose desde hace, «por lo menos, tres o cuatro años», y que ha permitido a alguno de estos okupas permanecer en alguno de estos pisos de forma estable. «Hablamos con gente que llevaba allí seis meses», indica Caravera, quien asegura haber sentido «mucha pena» por estas personas. «Ninguno tenía mala pinta. Estoy segura de que alguno podía haber llevado hasta hace bien poco una vida normal», apunta, al tiempo que lamenta «la alarma creada por algunos vecinos que opinan sin saber qué sucede en el interior de este edificio». «Son solo personas normales que están allí porque no pueden ir a ningún sitio, no tienen ni para pagar una pensión», añade Caravera.
Obras paralizadas
La empresa José Fresno, propietaria del edificio, pidió a finales del pasado mes de noviembre al juez de lo mercantil de Gijón que la declarase en concurso de acreedores. Habían mantenido diferentes negociaciones con La Caixa para que ésta financiase parte de la primera promoción de viviendas que tenían previsto construir en el solar en el que actualmente se sitúan las viviendas ocupadas.
Un concurso que ha obligado a paralizar todas las obras que la constructora tenía previsto realizar en la ciudad, entre las que se incluyen las 40 viviendas más los garajes previstos para la primera fase a desarrollar en el solar resultante del derribo de este edificio ubicado en la manzana de Ezcurdia, Marqués de Urquijo y Castilla.
Fuente: Comercio