El pasado miercoles dia 17 de abril, la Defensora del Pueblo Dª Soledad Becerril comunicó oficialmente a la OATM – Organización de Apoyo a la Tropa y Marinería, su decisión de desestimar la queja que ésta había presentado ante dicha «Defensora» estimando que el procedimiento implementado en el Ministerio de Defensa para denunciar casos de acoso laboral o sexual estaba ajustado a la legalidad interna de las Fuezas Armadas.

La queja que había sido presentada  tras recibir la OATM respuesta por parte de la Subsecretaría de Defensa, en la que informaba que cuando las denuncias se practicaban entre civiles y militares en el seno de las Fuerzas Armadas existía una unidad independiente del denunciante y el denunciado que tramitaba con total confidencialidad dicha denuncia. En cambio cuando la denuncia partía de un acoso sexual o laboral entre militares, éste debía tramitarse por el conducto reglamentario, dejando indefensa a la victima del acoso, que debía tramitar su caso ante quien probablemente era su acosador, vulnerando su derecho a la intimidad y a la necesaria confidencialidad en estos casos para esclarecerlos y todo ello basandose en el artículo 10 punto 1 de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas y en el protocolo de actuación que adaptó el Ministerio de Defensa en el año 2011, desamparando a los militares y condenandolos de nuevo a ser ciudadanos de segunda, con menos derechos que cualquier otro ciudadno español.

La OATM consciente de que la Defensora del Pueblo fallaría en el mismo sentido que el Ministerio, elevó una denuncia por tramitación de datos confidenciales «en claro» ante la AEPD – Agencia Española de Protección de Datos, dado que el procedimiento permite que abundantes mandos intermedios y autoridades que nada tienen que ver con denunciante y denunciado tendrían acceso a dichos datos eliminando toda clase de confidencialidad, que en cambio si se presta a los civiles que trabajan en Defensa. Casos como el de la actual Comandante del ET Dª. Zaida Cantero, que denunció en su momento acoso sexual por el que fue condenado el Coronel acosador y que sufrió posteriormente acoso laboral ponen de manifiesto a juicio de dicha ONG militar que «el procedimiento es ilegal al eliminar las debidas reservas sobre casos de este tipo«.

La OATM dice que no cejará en su empeño de que modifique dicho protocolo y que acudirá a cuantas instancias políticas, jurídicas u administrativas solventen ese problema de confidencialidad e indefensión jurídica, que afecta por igual a miembros de las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de la Guardia Civil, cuando efectúe acciones junto a éstas.