Inicialmente no presté mucha atención a las noticias que, por vía perifrástica, me llegaban sobre el descontento de los beneficiarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Pensaba que no eran más que meros rumores. Pero he comprobado que eso no es así. Efectivamente, existe un descontento general con el ISFAS y, de rebote, con las autoridades de Defensa, a partir del nuevo concierto, que acaba de entrar en vigor, entre dicho Instituto y entidades de seguro para la asistencia sanitaria.
Me llega copia de una carta del Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), don Jaime Muñoz-Delgado, fechada el 4 de febrero de 2015, dirigida a la Subsecretaria de Defensa, doña Irene Domínguez-Alcahud. Se trata de un documento tan serio como leal. Don Jaime advierte a doña Irene de la “preocupación general en la Armada”, por las consecuencias del concierto anteriormente aludido que “está afectando al bienestar de los asegurados” y que ha producido “una reducción importante en la cobertura de hospitales”, así como “una disminución del cuadro médico de las entidades aseguradoras”. El Almirante también menciona el trato de “ciudadanos de segunda” que están recibiendo los afiliados del ISFAS. Remata la carta con una carga de mucha profundidad, afirmando que todo ello “afecta al bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, produciendo malestar en el militar y su entorno próximo”.
No se trata, por tanto, ni de rumores, ni de chismes ni de enfados pasajeros. Estamos ante un problema de mucha miga que, aunque el AJEMA sabiamente lo trata de circunscribir al ámbito de sus responsabilidades (la Armada), evidentemente afecta al conjunto de los miembros de las FAS. Y a las respectivas familias. El caso inmediatamente plantea tres preguntas. Una, ¿es que la Subsecretaria, a la que corresponde en el ministerio de defensa, entre otras, la dirección, impulso y gestión de la política sanitaria, así como la dirección y coordinación de la política social y que tiene adscrito el ISFAS, desconocía un tema tan suyo como el que tratamos? Dos, ¿tanta es su ignorancia como para dar lugar a un rapapolvo por escrito del jefe de la Armada? Y tres, ¿qué razones de peso puede haber para que tan dramático recorte de prestaciones sanitarias se produzca precisamente en 2015, el tan cacareado por el Gobierno año de la recuperación de la crisis, cuando no hubo necesidad de hacerlo en los años de crisis? Algunos me han preguntado si la actitud explícita, firme y serena del AJEMA en su carta a la SUBDEF se ha producido también en sus homólogos, los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y del Ejército del Aire (JEMA) o, incluso, en el Director General de la Guardia Civil (DIGENGUCI). Desde aquí contesto: no me consta. No tengo respuesta. Ellos podrían aclararlo. Lo que sí me consta —porque está así legislado— es que entre las responsabilidades de los Jefes de Estado Mayor están las de velar por los intereses generales del personal militar bajo su mando así como por la moral, motivación, disciplina y bienestar del personal de su respectivo ejército. De ahí la coherencia mostrada por el Almirante Muñoz-Delgado con su consistente carta a la Subsecretaria.
Es claro que, para los que visten o hemos vestido de uniforme, la asistencia sanitaria ha sido siempre un interés primordial. Una de las primeras cosas que aprendí —y hasta me grabaron a fuego en mi ánimo— cuando ingresé en la academia militar, fue que la atención sanitaria, con especial relieve en la evacuación y la atención hospitalaria, era uno de los elementos principales de referencia para la moral de las tropas. Y no digamos ahora en lo que se refiere a la calidad de la asistencia a las familias de los miles de efectivos militares desplegados en operaciones en el exterior. Éstos seguramente compartirán esa “preocupación” de la que habla el AJEMA en el primer párrafo de su carta. Porque tienen derecho a estar tranquilos, estando ellos a muchos miles de kilómetros de España en los “lugares de mayor riesgo y fatiga”, pensando que sus familiares quedan en casa suficientemente atendidos, y no recibiendo un trato sanitario de “ciudadanos de segunda”.
Parece que tenemos, por tanto, una atención sanitaria dudosa. Quizás exista un grave problema de desconocimiento y/o un grave fallo de comunicación por parte de la Subsecretaría y/o del ISFAS. Personalmente, como beneficiario del Instituto, constato que no he recibido comunicación alguna personal sobre las nuevas restricciones. Imagino que así sucederá con los demás. Así las cosas, no sé lo que pensarán ustedes pero yo, aquí y ahora, apoyo explícitamente y me uno con “armas y bagajes” a la gran preocupación manifestada por el Almirante General Muñoz-Delgado. Igualmente, suscribo la necesidad urgente de revertir la desgraciada situación a la que ha derivado la atención sanitaria del personal militar tanto en activo, como en reserva o en retiro, incluyendo sus respectivas familias. Además de, naturalmente, me parece necesario que la señora Subsecretaria y/o la Directora General del ISFAS salgan a la palestra y se expliquen. Si pueden.
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