La presión migratoria Sur-Norte se acrecienta. Decenas de miles de seres humanos tratan de huir diariamente de la hambruna y las guerras del África subsahariana, de las frustrantes “primaveras” de los países de la ribera sur mediterránea y hasta de terribles guerras civiles en Oriente Próximo como la que está asolando Siria. Y en ese injusto y dramático escenario, la afluencia de los desheredados de todo se está haciendo insoportable en las fronteras hispano-marroquíes de Ceuta y Melilla. Dos ciudades españolas que tienen la peculiaridad de ser las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Dos accesos a Europa que, a manera de embudos atraen, canalizan y tratan de filtrar una interminable corriente de almas que aspiran a pisar suelo español, suelo de la UE, como posibilidad de una redención que les es negada donde nacieron.

Ese es el marco general de lo que está pasando en Ceuta y Melilla. Visto desde la ribera Norte del Mediterráneo, el problema que plantea el fenómeno de la inmigración ilegal masiva es tremendo. Se trata de resolver una complicadísima ecuación que compagine dos derechos. Uno, nuestro derecho, de raíz jurídica positiva, a hacer respetar nuestras fronteras, nuestras leyes, nuestras costumbres y nuestro estilo de vida en nuestro territorio nacional. Y dos, el derecho natural, de raíz ética, que tienen los inmigrantes a una vida con el mínimo de dignidad que corresponde a todo ser humano. Y en tal situación ni el imponente muro de vallas fronterizas que se levanta entre España y Marruecos, ni el riesgo de tirarse al mar para nadar hacia España armados de simples flotadores de circunstancia, son capaces de contener esa brutal presión migratoria. Por mero mandato geopolítico nuestras dos ciudades aparecen en las retinas de los más desheredados como la mejor y más próxima puerta de acceso a ese “panal de rica miel”, del que habla Samaniego en su conocida fábula. Y esto no es de ahora. Es de siempre. Hoy, como efecto colateral de la crisis, se ha acentuado y desgraciadamente me temo que continuará indefinidamente. Al fin y al cabo —deben pensar los que migran—, por mal que se pudiera estar en Europa, incluso mendigando, siempre estarán infinitamente mejor que en las tierras de donde proceden. Para el hambre y la desesperación no hay fronteras.

El último gran incidente se ha producido el pasado 6 de febrero. Un grupo de inmigrantes clandestinos trataron de llegar a nado a Ceuta saliendo desde Marruecos. Más de veinte lograron su objetivo de alcanzar la playa ceutí de El Tarajal. Descubiertos e inmediatamente retenidos por la siempre vigilante Guardia Civil, fueron inmediatamente devueltos a Marruecos en virtud de acuerdos entre las dos partes. Hasta aquí parecería una historieta “normal” dentro del recurrente rifirrafe fronterizo, si no fuera porque al menos catorce inmigrantes perecieron ahogados en el intento. Esa irreparable pérdida de vidas humanas obviamente eleva al máximo la gravedad del tema. La aparición de los cadáveres ha obligado lógicamente a la intervención del juez para investigar el terrible suceso. La polémica ha sido y es enorme en los medios y en los foros políticos. También se han presentado denuncias y querellas de ONG,s contra todo lo que se mueve. Las acusaciones de culpabilidad contra los responsables políticos del ministerio del interior y la delegación del gobierno en Ceuta son muy graves. También lo son las vertidas contra la Guardia Civil.

En todo esto subyace, en gran medida, la contienda política. Especialmente cuando estamos a tres meses de las elecciones europeas, que se consideran como avanzadas o pronosticadoras del año electoral pleno de 2015. Hasta la Comisión Europea por boca de la comisaria de interior, Cecilia Malmström, ha expresado su “preocupación” por una presunta actuación irregular de la Guardia Civil en el caso, y ha pedido aclaraciones al gobierno español. Más política. Aunque no hay que olvidar que España debe respetar la normativa europea también en este tema fronterizo. Desde luego, poco ayuda a clarificar el asunto y templar gaitas la aparente contradicción entre las versiones de los hechos inicialmente dadas tanto por el Director General de la Guardia Civil (DIGENGUCI) como por el Delegado del Gobierno en Ceuta, y la que facilitó en sede parlamentaria el ministro del interior, don Jorge Fernández Díaz, el pasado jueves. Sorprende, en todo caso, que un hombre de la larga experiencia política de don Arsenio Fernández de Mesa (DIGENGUCI) no hubiera amarrado sus declaraciones iniciales recalcando que eran juicios provisionales.

Hay que investigar y aclarar. Investigar a fondo y aclarar rápidamente hasta el mínimo detalle unos hechos en los que hay víctimas mortales sobre la mesa. Están en cuestión muchas cosas, por ejemplo: la legalidad de devolver a los inmigrantes recién llegados a la playa española —la llamada “repatriación” en caliente—; la oportunidad del uso de medios antidisturbios (pelotas de goma o munición de fogueo, por ejemplo) para ahuyentar o disuadir a los “nadadores”; o el propio nivel de observancia de nuestras leyes (de extranjería entre otras). Y hay que exigir posteriormente las responsabilidades que, en su caso, aparezcan. Es imprescindible asimismo clarificar cual es el protocolo de actuación en estos casos que son por otra parte muy frecuentes. Se necesitan una especie de “reglas de enfrentamiento” que fijen con precisión la actuación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en situaciones tan fluidas y potencialmente conflictivas como la que ahora nos ocupa y preocupa.

En definitiva, no es de recibo que, nada más conocerse el suceso, ya se levantaran voces por todas partes culpando a la Guardia Civil de los muertos en el dramático incidente. Cuando el juez está todavía investigando los hechos, establecer una relación causa-efecto entre el empleo de medios (elementales) antidisturbios y los cadáveres, parece una irresponsabilidad supina. La Guardia Civil, permanentemente situada en la punta de vanguardia de la defensa de la ley, el orden y el control de nuestras fronteras — que también lo son de la Unión Europea—, no merece ser alegremente señalada por nadie como transgresora de su mandato. Si se determinara la existencia de algún fallo o conducta individual no acorde con la norma, sea adecuadamente corregida. De arriba abajo. No al revés. No parezca también esto un embudo.

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