La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) propone una reforma de la jurisdicción castrense para que los jueces especializados en esta materia aparquen temporalmente su condición de militares mientras ejerzan esta jurisdicción.

Se trata de que los magistrados y juzgados castrenses dependan exclusivamente del Consejo General del Poder Judicial y no del Ministerio de Defensa, por lo que también se les aplicaría el régimen disciplinario previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así figura en las propuestas que ha elaborado AUME, a las que ha tenido acceso Europa Press, para presentar a los partidos políticos de cara a las reuniones que tiene previsto mantener en las próximas semanas para exponer las que consideran que son las necesidades más apremiantes de las Fuerzas Armadas y su personal.

De este modo, la asociación mayoritaria sugiere la elaboración de un proyecto de ley orgánica de modernización de la jurisdicción militar para su «plena homologación con los demás órdenes jurisdiccionales y el reforzamiento de la independencia de quienes ejerzan funciones judiciales y fiscales en los órganos especializados en asuntos militares».

Según la propuesta de AUME, los jueces y fiscales dejarían de tener dependencia del Ministerio de Defensa a los efectos de su carrera profesional y de sujeción al régimen disciplinario militar. La incorporación de un miembro del cuerpo jurídico militar a los órganos judiciales especializados conllevaría la imposibilidad de volver a ser militar de carrera en activo.

La ley orgánica que plantea AUME haría desaparecer los aforamientos en función del empleo militar que ostentara el justiciable, al tiempo que la Fiscalía dejaría de poder recibir instrucciones del Ministerio de Defensa. La provisión de magistrados de la Sala de lo Militar sería realizada de la misma manera que el resto de las salas del Tribunal Supremo.

La principal asociación de militares también presentará a los partidos políticos su propuesta de elaborar una nueva ley integral de personal para todos los militares, «con tratamiento global y sin diferenciación de derechos profesionales por motivos de procedencia, empleo o edad».

Por un lado, considera que las escalas no pueden «resultar una barrera o freno al avance en la carrera» de los militares, al tiempo que «las limitaciones por edad no tienen mucho sentido como excusa para el rejuvenecimiento de las Fuerzas Armadas».