El juez español reiteró las órdenes de captura emitidas en 2011, contra los militares salvadoreños por la masacre de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) ocurrida en 1989.
España envió 17 órdenes de captura a la Interpol contra los militares de origen salvadoreño, implicados en el asesinato de seis jesuitas, perpetrado hace 26 años en la nación latinoamericana.
El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España, encargado de emitir la orden contra los 17 salvadoreños, remitió también el texto a la Policía Nacional Civil de El Salvador, para la captura y extradición de los señalados por el caso conocido como Mártires de la UCA.
La órdenes se emitieron contra: Inocente Orlando Montano, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mauricio Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos García, Ángel Pérez Vásquez, Tomáz Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo, y Óscar Alberto León Linares.
Las órdenes emitidas son reiterativas, a la apertura del caso en 2011, cuando se solicitó la aprehensión de los implicados de la muerte de cinco jesuitas españoles, un salvadoreño y dos empleadas del servicio.
Velasco además dejó claro que cuando los militares sean capturados, pedirá la extradición para que enfrenten el juicio en el juzgado número 6 de instrucción de la Audiencia Nacional que él dirige.
Cabe señalar, que 19 militares de origen salvadoreño estaban implicados en el hecho ocurrido en 1989 sin embargo, dos de ellos, el teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, y el teniente René Yusshy Mendoza Vallecillos, colaboran en la actualidad con la querella bajo la figura de testigos criteriados, según confirmaron a El Faro fuentes ligadas al proceso.
Fue en 2001, cuando Camilo Hernández Barahona, acusado en 1990 por la matanza de San Salvador, declaró para el medio anteriormente mencionado, en el que habló sobre el encubrimiento de un pelotón en el caso.
En contexto
La Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, cerró el caso en 1990 cuando fueron enjuiciados Hernández Barahorna y Mendoza Vallecillos.
En 2011, cuando España emitió las órdenes de captura la Policía de El Salvador desacató la misma además, la Corte Suprema de Justicia de ese país solo consideró la alerta roja de Interpol como una medida para localizar a los implicados del caso, no para detenerlos.
Fue en 2015 cuando la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña reconoce las órdenes de detención de los implicados en el crimen de tinte político, que causó la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, a quienes señalaron de formar parte de los insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), durante la Guerra Civil de los años 80.
Fuente: Telesur