Según Rajoy y su gobierno, el “tirón” de las exportaciones es uno de los factores que actualmente contribuye al remonte de la crisis. Otra cuestión es lo que se exporte. Informa Kaos en la Red (a partir de notas de agencias) que el estado español ha facturado en el primer semestre de este año, 1.821,4 millones de euros por venta de armas al exterior, un 194% más que en el mismo periodo de 2012 (cifras del Ministerio de Economía y Competitividad). Los principales destinatarios del armamento fueron Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Reino Unido, con las aeronaves como producto más destacado .

Pero con la deuda pública, que frisa el 100% del PIB, no hay posibilidad de discursos en “positivo”. Una parte de este endeudamiento procede de los gastos militares, tal como detalla el informe “Deuda Militar, deuda ilegítima, deuda odiosa”, elaborado por el colectivo Utopía Contagiosa con la colaboración del grupo Antimilitarista Tortuga, Ecologistas en Acción y la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD). El estudio, presentado públicamente este mes de diciembre, estima en 5.592,48 millones de euros la deuda total (agregados los intereses) correspondiente al año 2013.

El informe ahonda en los pormenores, vueltas y revueltas del gasto militar, así como en los subterfugios y opacidades que impiden su adecuada comprensión. De entrada, señala el estudio, una parte significativa de la deuda ordinaria en Defensa se halla escondida en otros ministerios que también contribuyen al gasto militar. Así, Industria financia parte de los programas de armamento; el Ministerio del Interior financia formación militar y a la guardia civil; Presidencia, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI); y Exteriores, la participación española en la OTAN.

La legislación tan anunciada y vitoreada sobre transparencia tendría un interesante reto en el capítulo militar. Los autores del estudio “Deuda militar, deuda ilegítima, deuda odiosa” insisten en que nos hallamos ante un “gasto oculto”. De hecho, menos de 4 de cada 10 euros del gasto militar están encuadrados en las partidas del Ministerio de Defensa.

Además, este ministerio “minimiza arteramente sus presupuestos para aparentar austeridad, pero acaba gastando anualmente, al menos desde hace una década, en torno a un 16% más de lo presupuestado, lo que genera un constante sobreendeudamiento al estado”, agrega el estudio (entre 2002 y 2011 Defensa gastó 10.938 millones de euros más de lo inicialmente previsto en las cuentas públicas).

Estas son las cifras, muy poco ajustadas al rigor contable y a la luz en la gestión del dinero público. Pero existe además una dimensión “cualitativa”, no menos importante, que también subraya el estudio: “El ejército español está sobredimensionado y mantiene tanto una estructura como una composición rotundamente innecesarias; cuenta con un mando por cada dos soldados; los sueldos militares de los altos mandos son desorbitados; mantienen un sistema de asistencia y previsión social privilegiado y de alto coste, que está prácticamente privatizado; además, tiene un claro carácter intervencionista y agresivo, con 67 intervenciones en el exterior desde Felipe González hasta la fecha”.

El problema no sólo reside en las partidas del Ministerio de Defensa, con todas sus desviaciones, ni en las partidas escondidas por otros ministerios. Se señalan asimismo en el informe los “créditos extraordinarios” que el estado concede para las operaciones militares en el exterior y que se presupuestan por debajo de su coste real (en el último Consejo de Ministros del mes de marzo se concedieron 514 millones de euros por este concepto).

Utopía Contagiosa, Tortuga, Ecologistas en Acción y la PACD recuerdan, a propósito de estos “créditos extraordinarios” para misiones en el exterior, que el Tribunal de Cuentas los ha criticado por desproporcionados, poco realistas y faltos de rigor presupuestario, así como por el desmedido número de órganos de contratación. En 2012, el Ministerio de Defensa estableció para operaciones de las fuerzas armadas en el exterior 14,3 millones de euros, pero debido a los “créditos extraordinarios”, el gasto se disparó hasta los 770 millones de euros. “Dado que todos los años ocurre igual, no se puede alegar desconocimiento o gastos extraordinarios”, apuntan los autores del estudio. Un problema añadido son las pérdidas de las compañías militares propiedad del estado, sobre todo, Navantia.

Uno de los grandes bastiones del complejo “militar-industrial” del estado español lo representan, sin duda, los Programas Especiales de Armamento (PEAS), “que ha llevado a la práctica suspensión de pagos al Ministerio de Defensa y encubre una nueva burbuja financiera capaz de arrastrarnos a todos”. La deuda de los PEAS -explica el informe- “responde a las compras por parte del estado español de diversos sistemas sofisticados de armamento, a partir de 1997, con plazos de pago y entrega de hasta 30 años; dicha deuda se ha generado de forma interrumpida desde la VI legislatura, en el gobierno de Aznar, y su principal artífice fue Pedro Morenés, por entonces secretario de Estado de Defensa y actualmente Ministro de Defensa”.

Aznar inició estos programas de compra de armamento sofisticado, pero, al no tener previsto este tipo de adquisiciones en los presupuestos, ni capacidad para financiarlas, y para aparentar que no incrementaban el gasto militar real, ideó una “ingeniosa” fórmula de pago, apunta el estudio. En primer lugar, se comprometían diversos programas con las principales industrias militares, pero se aplazaba su entrega y pago al futuro; además, se otorgaban créditos a estas industrias a interés cero, para que investigaran y fabricaran el armamento comprometido; por otra parte, estos créditos se daban (y se dan) a cargo del extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología, y del actual Ministerio de Industria (Defensa actúa sólo como intermediario). Una vez las factorías militares realizaban las entregas, se pagaba un precio que incluía las desviaciones por encarecimiento de materiales, mejoras e inflación, lo que suponía, según el informe, un sobrecoste medio del 59,67%. Añade el estudio que las empresas devolvían en principio a Industria los créditos (sin intereses, tal como se había pactado). Ahora bien, las empresas todavía no han devuelto 15.000 millones de euros.

El asunto de los sobrecostes o desfases en los PEAS entre lo inicialmente presupuestado (por los gobiernos de Aznar y Zapatero) y la liquidación final es, según el informe, “escandaloso”. Se ha pasado de una previsión primera de 19.275,64 millones de euros a los 30.778,51 millones de euros (un aumento del 59%). Pero lo decisivo es que este sobrecoste “no es fortuito, sino conscientemente programado por los gobiernos y las industrias militares, para disfrazar así y ocultar al conocimiento público el abusivo gasto en armamento del estado español.

Y la gran pregunta. ¿Cuáles son las grandes empresas acreedoras, las que aparecen primeramente implicadas en estos programas? La empresa pública Navantia (por los Buques de Acción Marítima (BAM), los submarinos S-80, las fragatas F105 y el buque de proyección marítima Juan Carlos I; el consorcio EADS por los cazas Eurofighter; el consorcio establecido por Eurofighter, Augusta y Stork Forker Aerospace, por los helicópteros NH90; Airbus, por los aviones A400 y Santa Barbara Systems-General Dynamics, por los vehículos blindados Pizarro y los tanques Leopard.

“Todas estas empresas militares constituyen un entramado complejo de intereses comerciales-industriales-