Leer hoy los medios escritos o digitales y atender a lo que los audiovisuales nos ofrecen, a propósito del desafío catalán a la unidad nacional, es encontrarse con una aparente campaña mediática – por fin y más vale tarde que nunca – que contrarresta las mentiras, sandeces y tergiversaciones históricas que los medios a disposición de los grupos secesionistas nos venían ofreciendo a modo de bombardeo continuo; especialmente grave en Cataluña y País Vasco.

Parece que – ya era hora – la sociedad civil reacciona y desde casi todos los ámbitos: intelectuales, historiadores, empresarios y políticos, nos ilustran con argumentos contrarios a la sinrazón de los propiciadores de la secesión de dos seculares regiones españolas del tronco común patrio.

La cesión de competencias en materia de educación y la falta de respuesta a las provocaciones mediáticas nos han llevado a un callejón casi sin salida; recalco lo de casi, pues es obvio que el fin perseguido por los que quieren destrozar España no será alcanzado nunca.

Sí, es hora de aunar esfuerzos y aplicar el sentido común y llegado el caso simplemente aplicar la Ley: la Constitución española.

Destaca en estos momentos la prudencia – sabia – de la Institución Militar, como no podía ser de otra manera, pero sería necio el pensar que esto pudiera significar indiferencia ante el descomunal desafío ante el que nos encontramos.

Las FAS forman parte de la Administración del Estado y por supuesto – lo deja muy claro la Constitución – están a lo que disponga el Gobierno, algo que en el caso que nos ocupa no se ha de producir pues de ser así nos encontraríamos ante una clara situación de emergencia nacional y desde luego esperemos que no sea así ni creo que sea el caso.

Otra cosa es la expresión de la línea de pensamiento del militar como individuo, que no como colectividad, algo que en esa tarea en la que nos encontramos, de remar todos juntos contra la locura a la que nos empujan algunos, no estaría de más conocer y que fuera conocida.

Sucede sin embargo que es algo difícil de encontrar debido seguramente a la falsa idea que reina en el ambiente sobre la carencia o límites de la libertad de expresión del militar.

Desde esta columna ya he intentado en más de una ocasión exponer y aclarar para conocimiento general que el militar por su condición de tal debe limitar sus opiniones cuando estas afecten a temas relacionados con la reserva debida a la seguridad, y desde luego a la neutralidad política, tema que da título a estas líneas.

Sin duda este es el ” quid” de la cuestión: la neutralidad política. Un concepto a menudo malinterpretado, a veces de forma incluso torticera, lo que explica en parte la escasa o casi nula manifestación de la opinión de militares sobre la agresión soberanista en curso por temor a ser advertidos.

El caso en sí es cuando menos preocupante toda vez que no se puede en ningún caso mantener indiferencia ante las agresiones directas a la esencia de la propia Constitución.

La salvaguarda de la unidad nacional no es un interés partidista y si defender esta supusiera romper la neutralidad política a la que se debe el militar habríamos caído en un delirio de salud mental.

Opinar y defender lo que uno ha jurado guardar, tal cual es el caso de la Constitución, es defender la unidad de España, unidad que es la que da sentido al orden constitucional y a la Monarquía misma.

No parece, por lo tanto, que la opinión defensora del orden establecido suponga romper la neutralidad política para nada aunque a algunos sí que se lo parezca.

Fuente: Republica