Dos de los supervivientes del accidente ocurrido el 24 de febrero de 2011 en Hoyo de Manzanares (Madrid), en el que fallecieron cinco militares especialistas en desactivación de explosivos y otros tres resultaron heridos, acudirán a la Audiencia Nacional para reclamar unas indemnizaciones superiores a las que percibieron.

Así lo confirmó a Servimedia el teniente José Manuel Candón, que como resultado de la explosión estuvo mes y medio en coma, se le practicaron 35 operaciones, perdió un ojo, el 85% de la visión del otro y sordera parcial.

El otro querellante será el sargento Raúl Alfonso González, que resultó herido muy grave como consecuencia del accidente. Las denuncias de los supervivientes del accidente seguirán a las que ya presentaron ante la misma instancia judicial las viudas de los fallecidos.

La Audiencia Nacional ya ha admitido a trámite las querellas de cuatro de las familias, mientras que la quinta aun no ha presentado la suya pero lo hará próximamente.

Ellos acudirán a la Audiencia Nacional en el momento en que el Ministerio de Defensa les envíe la resolución por la que se les comunica que su pretensión de obtener una indemnización ha sido rechazada.

SECUENCIA DEL ACCIDENTE

Ese 24 de febrero de 2011 la explosión de ocho minas contracarro C-3B y una carga HL-200, situada por encima de las minas, en el campo de tiro de ‘El Palancar’, sito en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid), acabó con la vida de los sargentos 1º Víctor Zamora y Sergio Valdepeñas, el sargento Mario Hernández, el cabo 1º Javier Muñoz y el cabo Miguel Ángel Díaz.

Por su parte, Candón y González sufrieron heridas muy graves, mientras que el cabo 1º José Herminio Álvarez resultó herido de menor consideración. Tres de los cinco fallecidos pertenecían al Ejército de Tierra. Los otros dos y los tres heridos eran infantes de Marina, con base en San Fernando (Cádiz).

Los infantes de Marina llegaron a Madrid en enero para integrarse en la Brigada Libre Hidalgo XVI, que se desplegaría en Líbano en abril de 2011, con el propósito de preparar los pormenores del despliegue en ese país.

La participación de la Infantería de Marina, con una compañía de fusileros y un equipo de desactivación de explosivos a cuyo mando estaba Candón, en una misión como la que se lleva a cabo en Líbano se debió, según éste, a que en aquel momento el Ejército de Tierra estaba implicado en muchas operaciones y necesitaba del apoyo de otros cuerpos militares.

El teniente Candón solicitó un determinado tipo de explosivos para llevar a cabo el ejercicio que tenían que llevar a cabo aquel día. Las minas que finalmente recibió no eran de su agrado, ya que no tenían nada que ver con el que se iba a encontrar en Líbano, de origen ruso y chino.

La detonación se produjo de manera inesperada justo en el momento en que miembros del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDE) del Ejército de Tierra se encontraban en su hornillo, preparando los explosivos.

Las investigaciones que siguieron a la tragedia no han sido concluyentes a la hora de establecer la causa del accidente. El informe pericial elaborado por la Guardia Civil establece dos hipótesis. La primera apunta a las taras del material explosivo, ya que las minas estaban caducadas y una de ellas tenía la espoleta puesta. La segunda, “la menos probable”, indica que en el lugar de la detonación pudo quedar alguna espoleta o resto de material explosivo de otro ejercicio anterior.

El lote de minas empleado en el ejercicio era de 1974, “dos años antes de que naciera”, dice Candón, y el Ejército había prolongado su vida útil en septiembre de 2010 hasta el 1 de marzo de 2011.

Sin embargo, la titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11 obvió el informe de la Guardia Civil y dio crédito a lo establecido por la comisión de investigación creada por el Ejército que determinó que la causa del accidente pudo tener lugar mediante la manipulación de la carga de 18,5 kilos y sustentada sobre un trípode inestable, el cual se apoyó sobre un firme húmedo.

Esta situación habría provocado que la carga se escurriera del trípode y fuese a caer sobre la mina espoleteada. Eso a pesar de que la mina era anticarro y no debería haber explotado con una presión inferior a los 180 kilos. Por todo ello, la juez archivó el caso.

INDEMNIZACIONES

A partir de ese momento, las familias reclamaron la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, las indemnizaciones. El teniente coronel instructor del caso les dio la razón y dictaminó que procedía indemnizar. De hecho, el interventor general de la Defensa dio la orden de pago.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa prefirió entender el dictamen no vinculante del Consejo de Estado, según el cual con lo percibido por la esposa e hija de uno de los sargentos 1º fallecidos ya ha tenido lugar “la reparación integral de los daños causados”. Esa cantidad asciende a 22.750 euros por el seguro colectivo de los miembros de las Fuerzas Armadas y a la recepción de una pensión extraordinaria de clases pasivas con carácter mensual.

Se da la circunstancia de que si los cinco militares hubiesen fallecido en Líbano hubiesen recibido, además de la pensión y el seguro, una indemnización de 140.000 euros, según lo establecido en el Real Decreto 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.

Candón, que envió una carta Rajoy “que no ha surtido efecto”, se encuentra “dolido” por la situación que le ha tocado vivir pero espera que la Audiencia Nacional “haga justicia”.

Fuente: Discapnet