El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (1993) y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (1994) marcaron para siempre la historia de la humanidad. A partir de entonces la violación en tiempo de guerra fue considerada un crimen de lesa humanidad. Tema tabú y justicia tardía, pero indispensable para reconocer que “el cuerpo femenino sigue siendo campo de batalla y la impunidad es la norma, no la excepción”, como dijera recientemente Michelle Bachelet, expresidenta de Chile.
Desde entonces son considerados crímenes de lesa humanidad las violaciones y agresiones sexuales de guerra cometidas por soldados u otros combatientes civiles en guerras, conflictos armados, tiempo de servicio u ocupación militar. Pero también la prostitución obligada de las mujeres o su esclavitud sexual por una potencia ocupante son consideradas crímenes de guerra, como sucedió con las más de 200 mil mujeres de solaz japonesas que fueron sometidas a esclavitud sexual por el ejército imperial desde 1932 hasta el final de la II Guerra Mundial. O como sucedió con Himmler, en la Alemania nazi, quien organizó una red de prostíbulos con mujeres judías para uso de miembros del ejército y la SS.
“El acceso de una persona a la justicia tras un conflicto depende mucho del género. Comparado con los hombres, las mujeres víctimas de crímenes de guerra tienen menos posibilidades de que sus casos sean procesados y de recibir reparaciones”, comentó la Bachelet. No es un decir: la primera mujer japonesa de solaz que denunció esas violaciones lo hizo hasta 1991, largos 46 años después. Y ahora en Guatemala, 30 años después de los hechos, 15 mujeres guatemaltecas que fueron abusadas y esclavizadas en el destacamento de Sepur Zarco, se atreven a abrir un proceso penal por violación sexual durante la guerra. Sus declaraciones ante un juzgado nacional de alto riesgo, servirán como anticipo de prueba, lo cual es un hecho inédito en el mundo.
El destacamento de Sepur Zarco funcionaba como centro de recreación y descanso de la tropa. Una de las mujeres relató durante el juicio, en su idioma, que durante ocho meses fue obligada a ir al destacamento cada tres días a cocinarle a los soldados y a lavar su ropa. En cada turno, un grupo que oscilaba entre cuatro y seis soldados cada vez distintos, la violaban repetidas veces. Esto ocurría en una garita, un cuarto o la orilla del río, con pistola en mano y amenaza en boca.
Ellas, junto con otras mujeres de la sociedad civil organizada, llevan casi tres años en la preparación del caso, con la intención de tipificar los delitos de lesa humanidad por violaciones sexuales cometidas por el ejército durante la guerra. Exhumaciones, búsqueda de testigos, diligencias procesales, es parte de lo vivido durante aquel tiempo. Algunas de ellas tienen ya enfermedades terminales, pero vienen con ímpetu a buscar justicia, a pesar de que son abuelas. No hay argumento posible para justificar los “desmanes de la tropa”, porque sabemos que todo es parte de una estrategia bien planificada, de un patrón sistemático, de un modelo milenario que apenas hace dos décadas no reconocía la violación de guerra en los cuerpos de las mujeres, como delito.
En el capítulo V del libro La industria de la vagina (Sheila Jeffreys), titulado “La prostitución militar”, se señala que: “Una vez que la prostitución militar desembocó en la industrialización de la prostitución en un país, las mujeres y las niñas locales se convirtieron en la materia prima de la industria del sexo global; no solo son prostituidas dentro de las industrias locales del turismo sexual sino también utilizadas en las industrias de prostitución del mundo entero”. Confort militar normalizado y escrito sobre cuerpos de mujeres de todas las edades y de todos los continentes. En Haití, dice el libro, la población de prostitutas mujeres y niñas pasó de un mil 500 a 20 mil —registradas— sólo a partir del establecimiento de la “misión de paz” de la ONU en la isla. Con razón, tantos creen que femicidio es un chocolate que se vende a la entrada del cine.
Fuente: Prensa Libre